Fiscalía de Michoacán Apela Liberación de 11 Policías Vinculados a Bloqueos Tras Muerte de 'El Mencho'
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha decidido apelar la decisión emitida por un juez de control que permitió la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, quienes presuntamente habrían participado en la quema de autos y bloqueos registrados en la entidad tras la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Proceso Judicial en Segunda Instancia
El Poder Judicial del Estado informó, a través de un comunicado oficial, que la determinación del juzgador de oralidad penal fue apelada, por lo que el asunto ya se encuentra en segunda instancia. Una magistratura penal revisará el caso de manera inmediata para emitir una nueva determinación al respecto.
Además, se destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar, investigar y sancionar el actuar de los integrantes del Poder Judicial, está atento a este asunto, lo que subraya la seriedad con la que se aborda el proceso.
Antecedentes de la Detención y Acusaciones
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reiteró que la detención de los policías se registró luego de detectar que enviaban información a un grupo criminal. Inicialmente, el 24 de febrero, Torres Piña dio a conocer que los uniformados presuntamente participaron en los bloqueos y quemas, actuando encapuchados y con insignias de un grupo delictivo. Salvo uno, todos los agentes son originarios de Jalisco.
No obstante, el Ministerio Público sólo solicitó su vinculación a proceso por narcomenudeo, específicamente por posesión simple de metanfetaminas, lo que generó controversia dado el contexto de los hechos violentos.
Contexto de los Hechos
Los bloqueos y actos de violencia ocurrieron en Michoacán tras la muerte de 'El Mencho', un evento que desató una ola de disturbios en la región. Los policías liberados habían sido vinculados a estos incidentes, pero el juez concedió el pasado 23 de marzo la suspensión condicional de proceso, solicitada por la defensa de los uniformados, basándose en que el delito por el que fueron acusados lo permitía.
La apelación de la Fiscalía busca revisar esta decisión, argumentando la gravedad de los actos y su posible conexión con actividades delictivas organizadas. Este caso pone en evidencia los desafíos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el estado, así como la complejidad de los procesos judiciales en materia de seguridad.
