La Reforma Judicial de 2024 y su Impacto en el Sistema de Justicia Mexicano
La reforma constitucional del Poder Judicial, implementada en septiembre de 2024, ha introducido transformaciones radicales en el sistema jurídico mexicano que, lejos de mejorar la impartición de justicia, han generado una serie de problemas críticos que afectan a ciudadanos, autoridades y operadores judiciales por igual. Uno de los ámbitos más golpeados ha sido la materia penal, donde la sustitución escalonada de juezas y jueces en tribunales de enjuiciamiento ha trastocado principios fundamentales del proceso.
Elecciones Judiciales y su Efecto en Juicios Orales
Como se ha documentado en análisis anteriores, las elecciones de personas juzgadoras en materia penal han impactado directamente la legalidad de los juicios orales que se encontraban en curso durante los procesos electorales. Esta situación ha provocado no solo interrupciones, sino incluso reinicios completos de procesos, debido a violaciones al principio de inmediación que exige la presencia continua del juzgador durante el debate.
El problema persiste y se agravará si no se modifica el modelo de escalonamiento establecido en el régimen transitorio de la reforma constitucional. En 2025, la Federación y 18 estados sometieron a elección popular la integración de sus Poderes Judiciales, incluyendo cargos jurisdiccionales en materia penal, sin establecer salvaguardas procesales que protegieran los derechos de víctimas e imputados.
Justicia para Adolescentes: Un Ámbito Desprotegido
La situación es particularmente grave en el ámbito de la justicia penal para adolescentes, que quedó completamente desprotegida ante la ausencia de disposiciones constitucionales o legales que garantizaran la especialización requerida en las personas candidatas a ocupar estos cargos. Esta omisión legislativa expone a los adolescentes a procesos carentes de los estándares especializados que su condición requiere.
A diferencia de reformas anteriores al sistema judicial mexicano -como la del sistema penal acusatorio o la laboral-, la reforma de septiembre de 2024 no incorporó mecanismos de protección para las personas involucradas en procesos judiciales. Por el contrario, las expuso a riesgos concretos como la pérdida del caudal probatorio, el reinicio de juicios y la revictimización.
Advertencias desde el Senado y Cifras Alarmantes
El senador Javier Corral ha advertido públicamente sobre estos problemas, señalando en entrevistas que "la reforma judicial debe revisarse antes de la elección del cincuenta por ciento de juzgadores restantes, prevista para el año 2027". El legislador destacó que la primera etapa de elecciones ha revelado problemas relevantes y situaciones preocupantes en diversas entidades federativas.
Las implicaciones trascienden lo meramente jurídico para afectar la realidad de miles de personas. Solo en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia reportó que durante 2025 se iniciaron 22,818 procesos penales y 443 casos de justicia para adolescentes que quedaron expuestos a los riesgos señalados durante la jornada electoral extraordinaria de ese año.
Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, existen:
- 4,279 casos penales en el ámbito federal pendientes de conclusión
- 78,441 juicios en Poderes Judiciales Estatales afectados por la sustitución de juzgadores
- 10,203 casos de justicia para adolescentes impactados por estos cambios
Consecuencias Concretas y Propuestas de Solución
Miles de expedientes judiciales enfrentan ahora la posibilidad de tener que repetir audiencias, revivir testimonios y multiplicar costos humanos y materiales para víctimas, imputados y el propio sistema de justicia. Estas dilataciones innecesarias comprometen el derecho a una pronta y expedita justicia.
Para mitigar estos riesgos, especialistas como Ximena Cruz Domínguez, abogada de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia, proponen:
- Diseñar un nuevo modelo de escalonamiento que respete las etapas procesales en curso
- Establecer plazos que eviten la sustitución masiva de juzgadores durante etapas de juicio
- Crear un sistema transitorio que asegure la continuidad de juzgadores en juicios orales hasta la emisión de sentencia
- Implementar mecanismos que garanticen la especialización en justicia penal para adolescentes desde el registro de candidaturas
Llamado a la Acción Legislativa
Tanto los Congresos locales como el Congreso de la Unión deben dirigir sus esfuerzos hacia la creación de certeza jurídica para las víctimas del delito. Es imperativo establecer salvaguardas que permitan que los cambios de titularidad no introduzcan incertidumbre sobre la validez de lo actuado en procesos judiciales.
Si el objetivo genuino de la reforma constitucional del Poder Judicial es mejorar la impartición de justicia y acercar los tribunales a la ciudadanía, resulta indispensable que legisladores y autoridades judiciales tomen en cuenta las observaciones formuladas por usuarios del sistema, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos de la judicatura desde el inicio de la implementación de estos cambios.
La ventana de oportunidad para corregir estos problemas permanece abierta, pero se reduce con el tiempo. La elección del cincuenta por ciento restante de juzgadores programada para 2027 representa un plazo crítico para implementar las modificaciones necesarias que eviten la repetición y agravamiento de los problemas ya identificados.
