SCJN respalda a ministra Estela Ríos en crucial debate sobre prisión preventiva
En una decisión unánime y sin debate público, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó este lunes el impedimento planteado contra la ministra Estela Ríos, permitiéndole participar activamente en la elaboración del proyecto de sentencia que determinará cómo el Poder Judicial Federal debe cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la prisión preventiva oficiosa.
El origen del conflicto y la decisión del máximo tribunal
La controversia surgió cuando Reyes Alpízar Ortiz y Daniel García Rodríguez, quienes estuvieron sujetos a prisión preventiva oficiosa durante 17 años sin recibir sentencia por acusaciones de secuestro, presentaron ante la SCJN un impedimento contra la ministra Ríos. Su defensa argumentó que, cuando Ríos se desempeñaba como Consejera Jurídica de la Presidencia en 2022, emitió un comunicado solicitando a la Corte mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, lo que revelaría "una postura anticipada" sobre el caso.
Sin embargo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso al Pleno que el comunicado fue emitido "en ejercicio de las facultades del cargo que ostentaba como Consejera Jurídica del Ejecutivo federal y no a título personal". La Corte determinó que los asuntos abordados en 2022 trataban sobre facultades del Poder Legislativo y no sobre la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, además de que el pronunciamiento ocurrió antes de que Ríos llegara al máximo tribunal y antes de conocerse la sentencia de la CorteIDH.
El contexto internacional y las preocupaciones de la defensa
El caso García Rodríguez y otro VS. México ante la CorteIDH concluyó que tanto la prisión preventiva oficiosa (automática) como el arraigo son inconvencionales, ordenando al gobierno mexicano dejar de aplicarlos únicamente considerando el delito imputado, sin un análisis caso por caso. La SCJN ahora debe definir cómo implementará esta sentencia internacional, tarea que fue asignada precisamente a la ministra Ríos.
El Colectivo Pena Sin Culpa, que representa a García y Alpízar, expresó profunda preocupación por la decisión de la Corte, afirmando que "pasa por alto que en ambos casos se condenó al Estado mexicano" y que Ríos defendió la prisión preventiva oficiosa como representante del Poder Ejecutivo. El colectivo advirtió que esta resolución "es contraria a los precedentes de la Suprema Corte" y evidencia una alineación del máximo tribunal con la postura política del Ejecutivo, lo que comprometería gravemente su institucionalidad e independencia.
Implicaciones institucionales y el camino a seguir
Esta decisión ocurre en un contexto donde la presidencia, diversas secretarías de Estado, la CONAGO y la Fiscalía General de la República han ejercido presión sobre la SCJN respecto al cumplimiento de sentencias internacionales. La resolución del Pleno establece que la imparcialidad de la ministra Ríos no está comprometida, permitiéndole continuar con el análisis de cómo el Poder Judicial Federal implementará el histórico fallo de la CorteIDH.
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa representa uno de los desafíos jurídicos más significativos para el sistema de justicia mexicano, enfrentando estándares internacionales de derechos humanos con prácticas arraigadas en el sistema penal nacional. La participación de Estela Ríos en este proceso ahora queda confirmada, marcando el inicio de una fase crucial en la adaptación del marco jurídico mexicano a los parámetros interamericanos de protección de derechos fundamentales.
