La Suprema Corte de Justicia revoca sentencia en polémico caso de desaparición forzada
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizó una nueva sesión marcada por intensos debates, al decidir revocar una sentencia que favorecía a un exservidor público implicado en la desaparición forzada de una defensora de derechos humanos. Los hechos ocurrieron durante una protesta en el estado de Oaxaca en el año 2021, generando una profunda controversia jurídica y social.
Un proyecto con enfoque de género y perspectiva interseccional
El ministro Rodrigo Arístides Guerrero presentó el proyecto de resolución que buscaba anular la decisión de un tribunal colegiado, la cual había invalidado la condena inicial contra el exfuncionario. Guerrero fue enfático al subrayar la obligación de todas las autoridades judiciales de aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad en casos de violencia, discriminación o vulnerabilidad.
"Esta metodología es indispensable cuando el género, combinado con otras características, puede generar un impacto diferenciado en las personas afectadas", declaró el ministro durante la sesión.
El proyecto parte de la premisa de que la desaparición forzada constituye una de las formas más graves de violencia, con consecuencias permanentes tanto para las víctimas como para sus familias. Por ello, exige un análisis judicial minucioso y especializado que evite la impunidad.
Valoración integral de pruebas y contexto específico
El documento sostiene que, en delitos de esta naturaleza, las personas juzgadoras deben realizar una valoración integral de las pruebas, considerando elementos como:
- La prueba circunstancial e indirecta
- El contexto en el que ocurrieron los hechos
- La situación de vulnerabilidad específica de la víctima
Se enfatizó especialmente que la víctima, al ser una mujer defensora de derechos humanos, enfrentaba riesgos agravados tanto por su género como por su labor de protección de garantías fundamentales.
Posiciones divergentes entre los ministros
Aunque hubo unanimidad en la aprobación de la sentencia, la ministra María Estela Ríos manifestó su inconformidad respecto a la responsabilidad del Estado mexicano en dar respuesta a las más de 130 mil personas víctimas de desaparición forzada y sus familias.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa coincidió en que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género y valorar la situación particular de las víctimas pertenecientes a grupos vulnerables.
"El enfoque de género no inclina la balanza a favor de una condena, sino que promueve una decisión mejor fundamentada, más completa y constitucionalmente armónica", afirmó Esquivel Mossa.
La ministra también destacó que, en delitos de desaparición forzada donde es difícil obtener pruebas directas, se pueden emplear metodologías alternativas como la prueba indiciaria o circunstancial. No obstante, se apartó de algunos párrafos del proyecto por considerar que carecían de sustento jurídico y respaldo documental adecuado.
Una votación con matices significativos
La ministra Lenia Batres se pronunció en contra de otorgar el amparo al exservidor público, aunque votó a favor del proyecto con el objetivo de que se emitiera una nueva sentencia.
"Mi voto busca que se valore adecuadamente la situación de violencia y vulnerabilidad por razón de género que enfrentaba la víctima como mujer defensora de derechos humanos", explicó Batres durante su intervención.
Esta decisión de la SCJN establece un precedente significativo en la aplicación de la perspectiva de género en casos de desaparición forzada, particularmente cuando las víctimas son defensoras de derechos humanos en contextos de protesta social. El caso continuará su proceso judicial con los parámetros establecidos por el máximo tribunal del país.
