Orden judicial reabre investigación por tortura en histórico caso Colosio
En un giro significativo para uno de los casos políticos más emblemáticos de México, el Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México ha emitido una resolución que mantiene abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) reinicie la investigación por tortura denunciada por Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el homicidio del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio en 1994.
Detalles de la resolución judicial
El tribunal resolvió un recurso de revisión mediante el cual ordenó reponer el procedimiento de un juicio de amparo que Aburto había tramitado contra la decisión de la FGR de no proceder penalmente contra ningún exfuncionario por supuestamente torturarlo durante su detención en Lomas Taurinas, Tijuana. La decisión judicial se fundamenta en que no fueron notificados del juicio de amparo los exfuncionarios que podrían haber torturado a Aburto, violando así el debido proceso.
Los magistrados explicaron en su sentencia que, dado que Aburto busca con el amparo dejar insubsistente el no ejercicio de la acción penal decretado por la FGR en 2024, las personas investigadas tienen interés jurídico en que dicha determinación subsista y, por lo tanto, debieron ser emplazadas para participar en el juicio constitucional.
Fundamentos legales del fallo
El fallo del Colegiado, registrado en el expediente 192/2025, establece textualmente:
“Los indiciados mencionados en la averiguación previa origen del acto reclamado son terceros interesados quienes son titulares de un derecho (interés jurídico o legítimo), reconocido por la ley que pudiera verse afectado, en su caso, por la insubsistencia del acto”.
El tribunal señaló específicamente que el juez de Distrito omitó emplazar a las personas que tienen la calidad de indiciadas en la averiguación previa 2080/94, lo que constituye una irregularidad procesal que justifica la reposición del procedimiento.
Consecuencias inmediatas de la decisión
Como resultado de esta resolución, los magistrados revocaron la sentencia dictada el 2 de junio de 2025 por el juez Segundo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, quien había desestimado el amparo solicitado por Aburto al considerarlo extemporáneo. Ahora, el juez de Distrito deberá:
- Emplazar formalmente a todos los indiciados en la investigación por tortura.
- Reiniciar el análisis completo de la demanda de amparo presentada por Mario Aburto.
Entre los indiciados que deberán ser emplazados se encuentran:
- Elementos de la extinta Policía Federal Ministerial
- Agentes del Ministerio Público Federal
- Peritos médicos que participaron en el caso
- Elementos del Estado Mayor Presidencial
Posible reapertura de la investigación por tortura
Esta decisión judicial mantiene abierta la posibilidad de que el juez modifique su decisión anterior y ordene a la FGR reabrir formalmente la investigación de los actos de tortura denunciados por Aburto. En su denuncia original, Aburto señaló como principales responsables de los actos de tortura cometidos en su contra al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.
Sin embargo, resulta significativo destacar que, de acuerdo con el fallo del Colegiado, la FGR no incluyó a ninguno de estos dos personajes como indiciados en la averiguación previa por tortura, lo que añade complejidad al desarrollo futuro del caso.
Contexto histórico del caso Colosio
El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, durante su campaña como candidato presidencial del PRI, marcó un punto de inflexión en la historia política contemporánea de México. Mario Aburto Martínez fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente sentenciado por el homicidio, aunque siempre ha mantenido su inocencia y denunciado torturas durante su detención.
Este nuevo desarrollo judicial ocurre en un contexto donde recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó indultar a Aburto, calificando el caso como “un asunto de Estado”, y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado resolver otros amparos relacionados con la reducción de condena del único sentenciado.
La resolución del Octavo Tribunal Colegiado representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las denuncias de tortura que han rodeado este caso durante casi tres décadas, manteniendo viva una de las investigaciones más controvertidas de la historia judicial mexicana.
