Organizaciones exigen protección urgente para candidatos al Poder Judicial
Ante un clima de creciente inseguridad, diversas organizaciones de la sociedad civil han lanzado un llamado urgente al gobierno federal para que implemente medidas de protección específicas dirigidas a los candidatos que aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación. Esta exigencia surge tras recibir múltiples denuncias sobre amenazas directas, hostigamientos y actos de intimidación que están afectando a quienes participan en los procesos de selección para magistraturas y juzgados.
Un riesgo para la independencia judicial
Las agresiones reportadas no solo ponen en peligro la integridad física y emocional de los candidatos, sino que también representan una grave amenaza para la independencia del sistema judicial mexicano. Expertos en derecho y activistas advierten que, si no se toman acciones inmediatas, estos actos podrían socavar la imparcialidad y autonomía que deben caracterizar a los órganos de justicia.
Entre las medidas solicitadas por las organizaciones se incluyen:
- La asignación de escoltas o dispositivos de seguridad personalizados.
- Protocolos de respuesta rápida ante incidentes de amenaza.
- La garantía de confidencialidad en los procesos de selección para minimizar riesgos.
- Investigaciones expeditas por parte de las autoridades correspondientes.
Contexto y repercusiones
Este llamado se produce en un momento en el que el Poder Judicial enfrenta crecientes presiones y desafíos en materia de seguridad. La falta de protección adecuada para los candidatos podría disuadir a profesionales calificados de postularse, lo que a su vez afectaría la calidad y legitimidad de las instituciones judiciales. Las organizaciones subrayan que garantizar la seguridad de los aspirantes es un paso fundamental para preservar el estado de derecho y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Finalmente, se insta a las autoridades a coordinar esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y a transparentar las acciones tomadas para abordar esta problemática, asegurando que la protección de los candidatos sea una prioridad en la agenda de seguridad nacional.
