El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), subrayó la relevancia de actuar siempre con apego a la ley, responsabilidad institucional y respeto al debido proceso. Durante una entrevista radiofónica, Monreal expresó su coincidencia con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la negativa de Estados Unidos en 37 solicitudes de extradición por falta de pruebas. "Es su derecho, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas. Coincido plenamente con ella", afirmó.
Relación bilateral basada en respeto y cooperación
Monreal enfatizó que la relación entre México y Estados Unidos debe fundamentarse en el respeto y la cooperación para enfrentar desafíos comunes. "La presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien; nosotros tenemos que abonar en esto", señaló. El legislador también se refirió a los casos de funcionarios del Gobierno de Sinaloa, indicando que la detención provisional solicitada por Estados Unidos no se ajusta a la ley de extradición internacional ni al tratado correspondiente. "En principio, todos estos asuntos de extradición deben ser de absoluto sigilo, así lo dice la ley. No pueden ser públicos ni filtrarse ante la opinión pública", explicó.
Diferencias entre juicio político y declaración de procedencia
Monreal Ávila distinguió entre un juicio político y una declaración de procedencia. Ambos son controles parlamentarios de tipo jurisdiccional, pero con características distintas. "El juicio político tiene como característica que el funcionario sea destituido e inhabilitado. La Cámara de Diputados actúa como ministerio público y el Senado como juez o jurado de sentencia", detalló. En contraste, la declaratoria de procedencia es de carácter penal, destinada a retirar la inmunidad procesal para que un servidor público pueda ser procesado penalmente. "En el juicio político no se pone a disposición del ministerio público o del Poder Judicial al servidor público para que sea enjuiciado penalmente", aclaró.
Caso de Rubén Rocha Moya
Respecto a la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, Monreal señaló que el funcionario ya no está en funciones, pues pidió licencia. "Lo único que tendría por motivación el juicio político es que el Senado lo inhabilite por un periodo determinado para que no ejerza cargo público. Ese es el único alcance", indicó. El legislador explicó el procedimiento: primero se presenta una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, luego se turna a las comisiones de Gobernación y Justicia, que forman una Subcomisión de Examen Previo. Esta subcomisión determina en un plazo no mayor a 30 días hábiles si procede llevar el caso al Pleno. "En ningún momento la Jucopo define; es un procedimiento jurisdiccional", aclaró.
Caso de Chihuahua y la violación del pacto federal
Monreal contrastó el caso de Sinaloa con el de Chihuahua, donde la gobernadora sigue en funciones. "En Chihuahua se violó la Seguridad Nacional, facultad exclusiva de la Federación. El artículo 117 prohíbe a cualquier entidad celebrar alianzas con gobiernos extranjeros. La CIA y la DEA negociaron ilegalmente sin autorización federal", denunció. Citó el artículo 40 constitucional, que prohíbe cualquier intervención extranjera lesiva de la soberanía. "Aquí sí se aplica el juicio político para la destitución", afirmó. Finalmente, Monreal pidió un debate racional y de altura que ayude al país. "La Jucopo es un órgano de acuerdos y lo vamos a resolver, pero no vamos a cubrir a nadie. La Subcomisión de Examen Previo desahogará la denuncia presentada por el PAN con plena autonomía", concluyó.
