¿Por qué interrumpiría el presidente Trump su apretada agenda con su rival más importante, el presidente de China, Xi Jinping, una visita planeada meticulosamente durante meses, para hablar ocho minutos con la presidenta Claudia Sheinbaum? Si es que tal llamada ocurrió (no aparece registrada en la Casa Blanca ni en las cuentas del embajador Johnson), fue para enviar varios mensajes. Que la mandataria dio su visto bueno para la entrega de varios de los acusados en la lista de los 10. Que se negociaron algunas condiciones para los que se entregaron y otras especiales, por ejemplo, atendiendo la avanzada edad del exgobernador Rocha Moya. Y que, como entre gitanos no se leen la mano, entienda que el lenguaje soberanista responde a su base partidaria y a las inminentes elecciones de 2027. ¿O acaso cree que quienes se entregaron lo hicieron sin consultar antes al Ejército y a Palacio Nacional, en cualquiera de sus dos sedes? Ni en Disneylandia lo creen.
Presión estadounidense y estrategia mexicana
Ante la evidencia del amplio repertorio de cartas del gobierno estadounidense para presionar a México por su colusión con el crimen organizado y la coincidencia con el inicio de las negociaciones del T-MEC, Sheinbaum ensaya discursos a gusto del cliente: con Estados Unidos, que sí está colaborando; con los empresarios, que todo va divinamente y que le dará clases a Standard & Poor’s; con su base electoral, que ya se mandó a hacer un guardarropa completo con alguna de las banderas monumentales. Pero detrás de esta salida pragmática entendible hay una dificultad real: no hay confianza entre las partes y menos cuando los dos sistemas legales son completamente diferentes.
Diferencias legales y culturales
Uno de los síntomas más evidentes de esta barrera de traducción, por así decirlo, fueron las repetidas expresiones escandalizadas de la Presidenta porque la solicitud de prisión provisional se había formulado “desde una oficina”. ¿Pues desde dónde se debe solicitar para que no se ofenda la mandataria? ¿Una oficina no puede albergar a una institución? Vamos, si Benito Juárez llevaba la Presidencia en una humilde diligencia. Lo que descoloca a la mandataria es el hecho de que un juzgado de distrito, el del sur de Nueva York, pueda emitir una solicitud tan trascendente en nombre de Estados Unidos: “The U.S. versus Rubén Rocha Moya, etc.”
En Estados Unidos hay una cultura de descentralización de larga data y muy arraigada, por algo son cuna del federalismo. En México, el federalismo es de papel y el centralismo asfixiante vive sus mejores días desde hace ocho años. Un segundo síntoma de la dificultad de traducción entre culturas jurídicas con orígenes tan distintos es que los alegatos jurídicos nuestros son farragosos y muy largos. Ya se sabe: la Constitución de Estados Unidos solo tiene siete artículos y ha tenido 26 enmiendas o reformas. La nuestra, de 1917, tiene 136 artículos y ha sufrido cientos de modificaciones.
Experiencia con extradiciones
Tuve la oportunidad de acompañar muy de cerca la solicitud de extradición que hacía el gobierno de Chihuahua en 2021 contra el exgobernador César Duarte, en ese entonces huido en Estados Unidos. Nuestra solicitud rebasaba las 50 páginas. Desde Estados Unidos nos llegó un amable mensaje: reducirla a no más de cinco páginas o el juez ni siquiera la leería. Y eso hizo el equipo jurídico de Chihuahua. Por ello resulta muy interesante lo reducido de la solicitud original recibida por Tlatelolco y lo extenso —34 páginas— del texto de la acusación, este último un gesto de acercamiento a la cultura jurídica mexicana; solo que no está lleno de referencias a tales o cuales artículos y tesis jurisprudenciales, sino que apunta a evidencias.
Pruebas y evidencias
Por ejemplo, la Presidenta afirma burlonamente que una prueba no puede ser la fotografía de un papelito testado (tachado) incluida en la acusación. Pero en el texto se explica claramente el papel del papelito de marras. Es una de las nóminas de Los Chapitos. Ahí aparece, por ejemplo, el nombre de Juan Valenzuela Millán, uno de los diez acusados solicitados por Estados Unidos. Valenzuela Millán ha sido un poderoso comandante de la Policía Municipal de Culiacán y se le acusa de asesinar a un informante de la DEA, a su familia, incluyendo un niño de 13 años. Recibía 40 mil dólares mensuales, treinta mil para él y 10 mil para “salpicar” a otros mandos. Cierto, no está la instrucción firmada por El Chapito ni el video del asesinato. Pero los asesinatos sí están registrados por la Fiscalía local y encontrados los cuerpos de las víctimas.
Conclusiones
Si la Presidenta quiere salir del atolladero, tiene que bajarle unas cinco rayitas al discurso de defensa de sus delincuentes; hay demasiadas pruebas de que Morena sabía y fue copartícipe y beneficiario del fraude electoral de 2021 en Sinaloa y en el Pacífico, desde Baja California Sur hasta Guerrero y, como el caballo blanco, pasando por Sonora.
