INE lanza convocatoria para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional 2026
La conclusión del periodo de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 4 de abril marca un momento crucial en la regularidad democrática mexicana. Durante décadas, la responsabilidad de organizar elecciones por un organismo autónomo ha brindado certeza y tranquilidad a los actores políticos. Sin embargo, en la actualidad, este escenario ha evolucionado debido al equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados, que favorece a la Cuarta Transformación (4T).
Un relevo histórico en medio de tensiones políticas
La salida de las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, junto con el consejero Jaime Rivera, activa un complejo juego de poder y presiones. Las personas que se integrarán al Consejo General durante los próximos nueve años tendrán un papel decisivo en opiniones y votos, especialmente ante la creciente tensión pública generada por la confrontación político-electoral en las elecciones intermedias y la presidencial de 2030.
Para comprender la magnitud de este relevo, es esencial recordar la evolución de la organización electoral en México. A lo largo del siglo XX, las elecciones estuvieron bajo el control directo del Gobierno Federal, lo que definía el sistema político: el poder organizaba la competencia en la que él mismo participaba. Incluso con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, la presidencia del Consejo General permanecía en manos de la Secretaría de Gobernación, y los magistrados electorales eran propuestos por la presidencia de la República.
La reforma de 1996: una ruptura democrática
La reforma constitucional de 1996 representó mucho más que un ajuste legal; fue una ruptura de fondo que separó al Poder Ejecutivo de la conducción electoral y consolidó la ciudadanización de la democracia. Las Consejerías Electorales surgieron políticamente para garantizar que el gobierno dejara de decidir las reglas del juego electoral. Esta apuesta histórica buscó sacar a Gobernación del centro del arbitraje y construir una autoridad con autonomía e imparcialidad, basada en la legitimidad del acuerdo político entre partidos, aunque sujeta a cuotas partidarias.
Si el origen de la autoridad electoral estuvo vinculado a la necesidad de arrancarla de la órbita gubernamental, entonces su integración no puede depender de la imposición de una mayoría legislativa o de las cúpulas partidistas. Por ello, la Constitución exige una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una regla diseñada para fomentar consensos. Durante años de alternancia y pluralidad legislativa, esta lógica tuvo sentido, ya que la designación de consejerías se concebía como un ejercicio de construcción política entre fuerzas obligadas a reconocerse mutuamente.
Debilidades y desafíos en el proceso de designación
La reforma de 2014 intentó fortalecer el procedimiento con una convocatoria pública y un Comité Técnico de Evaluación, combinando mérito y acuerdo. No obstante, una debilidad evidente en la mecánica de integración de este comité se manifestó recientemente, con perfiles claramente afines a quienes detentan el poder, lo que daña la legitimidad del proceso.
La mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados tenía el propósito de evitar tanto la captura partidista como la improvisación. Sin embargo, la práctica reciente ha encendido alarmas. En 2023, ante la incapacidad de las fuerzas parlamentarias para alcanzar un acuerdo, la Cámara recurrió a la insaculación (tómbola) para designar tres consejerías y la presidencia. Aunque este método es constitucional y puede ser un recurso de última instancia, no puede convertirse en una coartada para encubrir el fracaso político, ya que no resuelve la legitimidad de origen de la misma manera que un acuerdo amplio.
Un Congreso que renuncia a la discusión y al consenso al integrar al árbitro electoral envía una señal delicada sobre su comprensión de la democracia constitucional. No se trata de idealizar negociaciones oscuras ni de defender repartos disfrazados de pluralidad; el consenso no equivale al reparto de cuotas. El buen acuerdo es aquel que produce designaciones capaces de generar confianza más allá de las bancadas.
El reto actual: entre la polarización y la responsabilidad democrática
La conclusión de los encargos de estas tres consejerías llega en un contexto donde la disposición al acuerdo se erosiona debido a la polarización, los vetos cruzados y la lógica de la ventaja inmediata. México ya conoce las consecuencias de desconfiar de su autoridad electoral, con una historia previa marcada por impugnaciones de legitimidad, conflictos postelectorales y percepción de parcialidad.
Desplazar a la Secretaría de Gobernación del centro de la organización electoral fue un reconocimiento de que la democracia requiere un árbitro ajeno al gobierno. Reducir ahora la renovación de consejerías a una batalla de bloques o a una rifa parlamentaria sería olvidar la lección central de esa historia. Como señaló Michelangelo Bovero con el término "pleonocracia", una anomalía democrática ocurre cuando la mayoría decide sin escuchar a la minoría.
La mayoría en la Cámara de Diputados, en concordancia con la presidencia de la República, tiene la oportunidad de demostrar que comprende el sentido profundo del procedimiento constitucional. La renovación de estas tres consejerías debe asumirse como una decisión de Estado. La pregunta clave no es solo quién ocupará esos lugares, sino si el Congreso estará a la altura del origen histórico de las Consejerías Electorales: haber sido concebidas para desplazar al poder del control del arbitraje y ofrecer garantías de imparcialidad a una sociedad plural.
Si se olvida esto y se repite la designación por sorteo, no solo se vacía de sentido el procedimiento constitucional, sino que se corre el riesgo de rifar la confianza que tomó décadas construir. Una autoridad electoral fuerte beneficia no solo a la oposición actual, sino que protege a quien en el futuro pueda dejar de ser mayoría. Esta racionalidad democrática subyace tras las mayorías calificadas, obligando a pensar más allá del presente y de la tentación de capturar instituciones.
En tiempos de desconfianza y presiones políticas, no hay gesto más responsable que acordar bien, y no hay señal más peligrosa que acostumbrarse a no hacerlo. Las tentaciones de concentración de poder atentan contra la salud de la República, recordándonos que la democracia requiere un compromiso constante con la imparcialidad y el consenso.
