PT en la mira: acusaciones de narcopolítica y espionaje sacuden la política mexicana
La confrontación entre el Partido del Trabajo (PT) y la presidenta Claudia Sheinbaum es mucho más profunda de lo que se evidenció el miércoles pasado, cuando su bancada en la Cámara de Diputados votó en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno. Ese mismo día, Benjamín Robles, miembro de la Coordinación Nacional del PT, declaró a La Jornada que Morena los ha tratado como "perros de rancho", al imponer decisiones sobre las candidaturas para los procesos electorales del próximo año.
Vínculos con el crimen organizado: el caso de Zacatecas y Baja California Sur
Robles afirmó que el PT es competitivo en Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas, de las 27 candidaturas en juego. Zacatecas destaca especialmente porque uno de sus militantes de alto rango, José Narro Céspedes, aspirante a la gubernatura, es figura central en una investigación del Gobierno de Estados Unidos sobre narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México, Narro Céspedes está protegido por la impunidad construida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la desaparición en 2022 de dos marinos de su escolta.
Sin embargo, la atención se centra ahora en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, donde el presidente municipal Christian Agúndez, hijo del exgobernador Narciso Agúndez, es la apuesta del PT para la gubernatura. Agúndez es señalado como la cabeza visible de una operación criminal con dos caras:
- Abrir la puerta a la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, buscando ampliar su santuario en Baja California Sur desde Los Cabos, que ya controlan.
- Servir como cabeza de playa del PT para el espionaje a políticos de Morena, como el gobernador Manuel Castro Cosío.
Espionaje y tecnología ilegal: reuniones peligrosas
El espionaje del PT se está reforzando. La semana pasada, en una visita a la Cámara de Diputados, Agúndez se reunió con un líder camaral que le recomendó contactar a un empresario con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, para adquirir un programa de espionaje israelí que permite intervenir comunicaciones. Esta tecnología no puede ser adquirida por gobiernos estatales o municipales, y requiere aprobación de los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, y del Ministerio de Defensa de Israel.
La reunión del viernes pasado en Los Cabos encendió alertas en los servicios de inteligencia. El empresario, identificado con los nombres código "Hester" para estadounidenses y "Susu" para israelíes, fue procesado por conspiración para contribuciones ilegales a candidatos a alcalde en San Diego, y está bajo investigación por adquirir el equipo de inteligencia en Chipre para evitar autorizaciones militares y diplomáticas. Agúndez no fue el primer político del PT en reunirse con él; según fuentes, ya ha vendido el sistema a otros.
Conectores criminales y riesgos políticos
El empresario llegó a la cita acompañado por Carlos Beltrán, oficial mayor de Los Cabos, señalado por investigaciones en Estados Unidos como piloto de Los Chapitos hace seis años, transportando personas y siendo parte estructural del crimen organizado. La investigación estadounidense apunta abiertamente al PT como vaso comunicante con el crimen organizado, lo que podría escalar el conflicto con la Administración Trump si se negocia sobre la reforma electoral.
Entre las imputaciones, se incluye una estructura criminal-política construida en Michoacán y Sinaloa, con fotografías de credenciales firmadas por Narro Céspedes y Gerardo Fernández Noroña (antes de unirse a Morena) para acreditar a personas vinculadas con Los Chapitos como asesores de la bancada en el Senado. "La tecnología no sirve solo para el espionaje político, sino para intervenir las comunicaciones de cualquier objetivo de interés", subrayó una fuente, sugiriendo que esos objetivos son del crimen organizado en Baja California Sur, zona vigilada por Estados Unidos debido a celebridades con propiedades turísticas.
Historial oscuro y mezcla explosiva de intereses
El PT es el primer partido político en México que investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, aunque no todos sus miembros estén involucrados. La vinculación entre Agúndez y el empresario tiene derivadas paralelas: el empresario fue contratado por Mario Pacchiano, operador financiero del senador Adán Augusto Hernández, para identificar a quien filtró un audio en 2024 entre Amílcar Olán (amigo cercano de los hijos de López Obrador) y un primo, sobre problemas en el Tren Maya. La persona fue detenida y torturada en Chiapas, liberada por falta de pruebas, y ahora está en Los Ángeles, presuntamente hablando con autoridades estadounidenses.
"Se está juntando la ambición empresarial y la ambición político-criminal", caracterizó una fuente estadounidense. Mientras tanto, el PT avanza sin obstáculos serios, en un contexto donde la mezcla de intereses políticos y criminales es explosiva y amenaza la estabilidad política nacional.
