Las autoridades españolas anunciaron este viernes la desarticulación de una organización criminal considerada una de las redes de tráfico de personas más grandes y peligrosas que operaban en el mar Mediterráneo. La operación, desarrollada en coordinación con Europol y las fuerzas policiales de Francia, Portugal y Polonia, resultó en la detención de 77 individuos en territorio español y uno adicional en Argelia.
Operación conjunta internacional
La iniciativa policial logró la incautación de 18 embarcaciones de alta velocidad, instrumentos clave para los movimientos ilícitos de esta estructura delictiva. Según el comunicado oficial emitido por la Guardia Civil y la Policía Nacional, la organización se dedicaba simultáneamente al narcotráfico y al tráfico de seres humanos, utilizando una misma logística para ambas actividades ilegales.
El modus operandi consistía en utilizar lanchas rápidas para transportar drogas sintéticas desde España hacia Argelia, país donde existe una elevada demanda de sustancias como la MDMA. En el trayecto de regreso, las mismas naves eran empleadas para trasladar migrantes hacia la costa sureste de la península ibérica y hacia la isla de Ibiza.
Impacto financiero y volumen de operaciones
Las estimaciones policiales indican que el grupo llevó a cabo al menos 64 operaciones de tráfico humano. Esta actividad generó beneficios estimados en alrededor de 24 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 27 millones de dólares. Para cada viaje, la red cobraba hasta 12,000 euros por migrante, con una capacidad de transporte de hasta 50 personas por travesía.
Las condiciones de estos viajes fueron descritas por las autoridades como extremadamente peligrosas. Los migrantes viajaban en embarcaciones abarrotadas, a gran velocidad y sin luces. En la mayoría de los casos, no contaban con chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran atados entre sí para evitar que cayeran por la borda durante la navegación.
Violencia y contexto migratorio actual
La Guardia Civil destacó que la organización ejercía niveles extraordinarios de violencia no solo contra sus víctimas y las fuerzas policiales, sino también contra sus propios miembros. El uso de la fuerza tenía como objetivo proteger las embarcaciones y garantizar el control absoluto sobre las operaciones ilícitas.
Este desmantelamiento ocurre en un momento en que la migración y la trata de personas han recuperado protagonismo en la agenda pública de España y Europa. Recientemente, una avalancha masiva en la frontera del enclave español de Ceuta provocó la entrada de 72,000 personas en la ciudad.
A pesar de la gravedad de esta red, los datos del Ministerio del Interior muestran una tendencia mixta en los primeros siete meses del año. El número de migrantes irregulares que llegaron a España por mar se redujo un 31% entre enero y julio, principalmente debido a una caída del 60% en las llegadas a las Islas Canarias. Sin embargo, la inmigración irregular hacia la España peninsular aumentó un 22%, y hacia las Islas Baleares un 10%, reflejando un cambio en las rutas migratorias a través de Argelia.
