El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, solicitó a los países integrantes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), a la que describió como un "peligro" para la soberanía de las naciones. La petición se realizó en Panamá, en el marco de una reunión de la alianza creada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico.
Hegseth afirmó que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal con sede en La Haya y que la CPI representa una "amenaza" para los países. Por ello, instó "encarecidamente" a los miembros de la coalición a abandonar el organismo, según declaraciones recogidas por la agencia AFP.
Coalición de las Américas contra los Cárteles
La Coalición de las Américas contra los Cárteles, impulsada por Trump, está integrada por 19 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. La solicitud de Hegseth se produce en medio de los esfuerzos de la administración estadunidense contra el narcotráfico, que incluyen bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico desde hace casi un año.
Según un conteo de la AFP, esos ataques han causado alrededor de 215 muertos en unos 53 ataques. Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado estas muertes como ejecuciones extrajudiciales, un crimen cuya investigación es facultad de la CPI.
Críticas a la CPI y defensa de los bombardeos
En su intervención, Hegseth acusó a la izquierda internacional y a los medios de izquierda de conspirar para imponer de manera ilegal la jurisdicción de la CPI sobre el personal y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios. "No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI", afirmó el secretario de Defensa.
Hegseth también defendió los bombardeos en altamar, asegurando que han provocado una "caída récord" en el tránsito de dichas embarcaciones. Además, criticó que el tribunal y otros "organismos globalistas" no hagan nada para responsabilizar a "verdaderos terroristas y verdaderos tiranos".
Sanciones y antecedentes
La administración Trump ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, incluyendo prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en ese país, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave. En julio, Trump aseguró que la campaña para desmantelar la CPI tenía como objetivo defender al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a otras personas de ser procesados, y no a él mismo. "No hay ninguna información que indique que vayan a por mí", dijo Trump en esa ocasión.
La CPI fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, y solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva israelí en Gaza. En julio, Irán acusó a Netanyahu de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la CPI. Trump también adelantó que presionaría a otros países para que abandonen el tribunal y que usaría prohibiciones de viaje y nuevas sanciones contra la CPI y organizaciones afiliadas para socavar el tribunal.
La petición de Hegseth refuerza la estrategia de Washington de deslegitimar a la CPI y podría generar tensiones diplomáticas con los países latinoamericanos que integran la coalición, algunos de los cuales son miembros del tribunal.
