El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, ha propuesto a Lila Abed para ocupar el puesto de representación de dicha dependencia federal en la Embajada de México en Washington, D.C. Esta información fue difundida por el periodista Jesús Esquivel durante su participación en el programa En Línea desde Washington, transmitido en Aristegui en Vivo. La nominación ha generado atención debido a los estrechos vínculos profesionales y familiares de Abed con el sector de la seguridad fronteriza y las operaciones de deportación en Estados Unidos.
Vínculos familiares con contratos federales de deportación
Una de las dimensiones más examinadas de esta propuesta es la actividad laboral del esposo de Abed, el ciudadano estadounidense Andrew Abed Lloyd. Actualmente, Lloyd se desempeña como jefe del departamento de contratos de la firma privada Salus World Wide Solutions. Esta compañía, propiedad de William Walters, mantiene un contrato federal vigente con el Gobierno de Estados Unidos para ejecutar el programa de "autodeportaciones" de inmigrantes, procedimiento que aplica tanto a nacionales mexicanos como a personas de otras naciones.
Según registros oficiales de gastos del Gobierno estadounidense citados por la publicación original de Proceso, el contrato asignado a Salus asciende a una cifra total de 706.66 millones de dólares. De este monto, ya han sido devengados 406.1 millones de dólares hasta la fecha, con una fecha de vencimiento programada para noviembre. El objeto específico de este acuerdo federal consiste en proporcionar un respaldo integral en las operaciones de remoción de inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos hacia sus países de origen o terceros destinos, además de brindar servicios de apoyo a la oficina de estrategia política del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
En el marco de este esquema, la empresa coordinan la logística de transporte aéreo y terrestre para los migrantes que optan por abandonar voluntariamente el país. Asimismo, gestionan la compensación económica otorgada por el DHS, la cual oscila entre 1,000 y 1,500 dólares por persona. Las estimaciones gubernamentales estadounidenses indican que, desde enero del año pasado hasta el momento actual, este mecanismo ha entregado al menos 2.2 millones de dólares en compensaciones a migrantes participantes.
Trayectoria profesional y nexos institucionales
Lila Abed posee doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, la academia y el periodismo internacional. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocupó posiciones clave en la procuraduría general de la República, donde fungió como asesora de asuntos internacionales, secretaria particular y jefa de gabinete del entonces procurador, Jesús Murillo Karam. Tras ese periodo, ejerció como directora del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center, cargo que abandonó tras una reducción presupuestaria ocurrida durante la administración de Donald Trump.
Posteriormente, Abed asumió la dirección del programa de México en el Diálogo Interamericano, organización donde desarrolló una relación profesional cercana con el propio Omar García Harfuch. Su experiencia también incluye haber sido acreditada en la Casa Blanca como corresponsal para la cadena colombiana NTN24, así como colaboradora de Radio Fórmula y columnista en publicaciones como El Heraldo de México y Opinión 51. Además, fue candidata local del PRI por el distrito 13, perfilada como una figura de la corriente priista tradicional.
Respuesta oficial y alcance del posible nombramiento
Ante la difusión mediática de la noticia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado oficial el lunes para establecer su postura institucional. La dependencia aclaró que Lila Abed no se encuentra dada de alta como servidora pública de la SSPC, ni ocupa ni ocupará ninguna posición dentro de la Secretaría. El texto enfatizó que cualquier información relativa a la integración de la dependencia y sus representaciones diplomáticas se comunica exclusivamente a través de los canales institucionales correspondientes.
No obstante, en la conversación con Esquivel se señaló que, preliminarmente, no existe evidencia de ilegalidad en la propuesta, aunque se considera necesario estudiar la idoneidad, conveniencia ética y política de su posible designación. Si la designación se concretara, Abed actuaría como el enlace principal del gobierno mexicano con agencias federales de seguridad de EE. UU., incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el DHS, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Hasta el momento, la dependencia federal no ha precisado si tomará alguna determinación definitiva tras la publicación de estos informes, dejando abierta la expectativa sobre el estatus final del nombramiento.
