Exmandatario peruano mezcla defensa legal con discurso geopolítico en audiencia
En la sesión número 52 de su juicio por rebelión, el expresidente peruano Pedro Castillo fusionó su defensa legal con un mensaje de tono regional que generó inmediata controversia. El exmandatario, quien enfrenta cargos por su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022, negó todas las acusaciones y elevó el tono del debate sobre tensiones fronterizas.
"No se me encuentra ningún delito"
"Vamos en la sesión 52 y, hasta el momento, no se me encuentra ningún delito", declaró Castillo durante su intervención del lunes 11 de agosto. El expresidente, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, añadió: "Soy un presidente secuestrado, que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas y de las fronteras vivas".
El proceso judicial contra Castillo sigue su curso con el juicio oral que comenzó el 4 de marzo. La Fiscalía solicita hasta 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Las audiencias también abarcan a exministros de su gobierno, mientras Castillo mantiene su declaración de inocencia y alega ser víctima de persecución política.
Polémico llamado a "guerra" y posterior rectificación
El momento más controvertido llegó cuando Castillo abordó la disputa por la isla Santa Rosa, epicentro de tensiones recientes entre Perú y Colombia en la región amazónica. Refiriéndose a dirigentes que calificó como "falsos compatriotas, con mapa en mano", el expresidente lanzó una frase que capturó inmediata atención: "Invoco, no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile, de Bolivia y de Brasil. De una vez vamos a la guerra".
Sin embargo, minutos más tarde, Castillo acotó el sentido de su llamado: "aquella guerra para terminar con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo y todo lo que tenemos que hacer". Esta rectificación desplazó el énfasis hacia temas de seguridad y gobernanza regional, en un momento en que América Latina debate fórmulas de cooperación transfronteriza contra el crimen organizado.
Contexto de tensión fronteriza
La disputa por la isla Santa Rosa, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia en el río Amazonas, escaló este mes después de que el presidente colombiano Gustavo Petro afirmara que su país no reconoce la soberanía peruana sobre el territorio. Petro acusó a Lima de romper el espíritu del tratado limítrofe de 1934, mientras Perú replicó que no existe diferendo limítrofe y defendió que la isla forma parte de su territorio.
La controversia se superpone al proceso judicial contra Castillo. Petro trasladó a Leticia los actos del 7 de agosto y endureció su discurso sobre el acceso colombiano al Amazonas, mientras Lima respondió con comunicados oficiales que reafirmaron la soberanía peruana. Aunque Bogotá ha descartado una salida militar, el cruce de mensajes elevó la temperatura diplomática y obligó a activar mecanismos binacionales.
Ampliación del debate regional
Al citar a Chile, Bolivia y Brasil, Castillo buscó abrir la conversación a un frente latinoamericano más amplio, con un objetivo declarado de combatir redes criminales y prácticas corruptas. Este discurso llega en un momento particularmente sensible, cuando Perú intenta estabilizar su política interna y la relación con Colombia atraviesa su punto más tenso en años.
Ambos gobiernos han activado un canal de diálogo programado para septiembre, buscando encauzar el litigio a través de canales diplomáticos establecidos. La comisión mixta anunciada para ese mes representa la principal esperanza para desactivar las tensiones y encontrar soluciones dentro del marco legal internacional.
La conjunción de un juicio emblemático contra un exmandatario y una disputa fronteriza de alto voltaje explica por qué las palabras de Castillo —aun fuera del poder— resuenan en capitales vecinas. Más allá de la retórica, el calendario judicial seguirá marcado por audiencias técnicas y testimonios, mientras en el frente diplomático la atención se centrará en los mecanismos de diálogo establecidos para septiembre.
