La administración de la gobernadora Rocío Nahle permitió que casi cien kilos de medicamentos, con un valor cercano a un millón de pesos, se echaran a perder en las bodegas de la Secretaría de Salud, mientras las familias veracruzanas reportan que sus recetas no han sido surtidas en su totalidad.
Detalles de la pérdida
De acuerdo con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, celebrada el 6 de febrero de 2026, la dependencia formalizó la baja de 98.7 kilogramos de fármacos e insumos oncológicos que caducaron en sus almacenes debido a la falta de distribución oportuna y deficiencias logísticas.
La mayor pérdida se concentró en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, que mediante el oficio SESVER/DA/SRM/DCC/008/2026 reportó el vencimiento de 75 kilogramos de medicamentos con un valor de 929,242.26 pesos. El Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” notificó otros 23.7 kilogramos valuados en 15,067.94 pesos.
Falta de responsabilidades
El documento oficial, firmado por funcionarios como la directora administrativa Elizabeth Escamilla Reyes y el director de Salud Pública Leonel Efrén Rivera Pinete, se limitó a registrar el trámite administrativo para desechar los insumos sin señalar responsabilidades o sanciones por la omisión en su entrega a los pacientes.
Esta situación se da en un contexto donde grupos de familiares de pacientes con cáncer han mantenido constantes gestiones y protestas para exigir el abasto de quimioterapias y analgésicos.
Antecedentes
La repetición de estos incidentes evoca episodios de la administración anterior, la de Cuitláhuac García. Excélsior documentó en mayo de 2022 la caducidad masiva de fármacos en almacenes estatales bajo el argumento de excedentes en las compras. Tras aquel episodio, el entonces secretario de Salud Roberto Ramos Alor fue relevado del cargo, aunque actualmente está a cargo del programa IMSS-Bienestar en Veracruz.
Con este nuevo registro de febrero de 2026, los indicadores oficiales vuelven a exponer una falla en la cadena de suministro que impide que los insumos adquiridos con recursos públicos lleguen a su destino final antes de quedar inutilizables.
