Iniciativa del Partido Verde: hasta 4.5 años de cárcel por permitir acceso de menores a armas en escuelas
Partido Verde propone cárcel por armas de menores en escuelas

Partido Verde busca sancionar con prisión a tutores que permitan acceso de menores a armas en escuelas

El Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca establecer sanciones penales de hasta 4.5 años de prisión para las personas tutoras que, por descuido o negligencia, permitan que niñas, niños o adolescentes tengan acceso a armas de fuego y las introduzcan en algún centro educativo.

Un vacío legal que debe cerrarse

La vicecoordinadora de la bancada verde, Rebeca Peralta, explicó que esta propuesta legislativa surge ante el aumento preocupante de reportes de violencia escolar y el riesgo evidente que representa la presencia de armas en los entornos educativos. "Estamos convencidos que una escuela segura comienza en casa", afirmó Peralta durante la presentación de la iniciativa.

"Los centros educativos deben ser espacios seguros por excelencia. Cuando un menor accede a un arma de fuego, casi siempre hay una negligencia previa de una persona adulta responsable. Hay que revisar qué traen en la mochila, nosotros queremos que la vigilancia empiece en el hogar", destacó la legisladora.

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Detalles de la propuesta penal

La iniciativa contempla la creación de un nuevo delito específico para sancionar a quienes tengan bajo su resguardo un arma de fuego y permitan, por descuido o negligencia, que una persona menor de edad tenga acceso a ella. Las sanciones previstas incluyen:

  • Penas de prisión de seis meses a tres años
  • Multas económicas significativas
  • Obligación de participar en programas de responsabilidad parental
  • Participación en programas de prevención de la violencia

"Lo que buscamos es que exista responsabilidad adulta cuando un arma termina en manos de un menor. No podemos normalizar que esto ocurra en nuestra sociedad", enfatizó Peralta.

Agravante escolar y medidas restaurativas

La propuesta establece un agravante específico cuando, como consecuencia de la negligencia del tutor, el menor introduce o porta el arma dentro de un plantel educativo, espacio público o lugar de acceso público. En estos casos, la pena podría incrementarse hasta en una mitad, alcanzando los 4.5 años de prisión.

Además, la iniciativa incluye medidas restaurativas alternativas cuando el hecho no derive en lesiones o pérdida de la vida:

  1. Sustitución de la prisión por trabajo comunitario
  2. Participación obligatoria en programas de responsabilidad parental
  3. Aseguramiento inmediato del arma de fuego involucrada

Enfoque de protección integral para menores

Un aspecto fundamental de la propuesta es el enfoque de protección integral hacia los menores detectados portando armas en las escuelas. La iniciativa plantea que las autoridades actúen evitando la criminalización del menor y priorizando:

  • Atención psicológica especializada
  • Apoyo social inmediato
  • Intervención familiar coordinada

"Un menor que llega a una escuela con un arma también es una señal de alerta sobre lo que ocurre en su entorno familiar o social. La respuesta del Estado debe ser preventiva y de protección, no únicamente punitiva", señaló Rebeca Peralta.

Protocolo de Seguridad Escolar obligatorio

Complementando las sanciones penales, la iniciativa establece la obligatoriedad de que las autoridades educativas implementen un Protocolo de Seguridad Escolar ante la Portación de Armas, aplicable en todos los planteles públicos y privados de la Ciudad de México.

Este protocolo incluiría medidas específicas como:

  • Activación inmediata de medidas de seguridad dentro de las escuelas
  • Notificación urgente a autoridades de seguridad y educativas
  • Aviso inmediato a madres, padres o tutores legales
  • Intervención institucional para investigar el origen del arma

"Debemos prevenir tragedias antes de que ocurran. Esta propuesta busca fortalecer la seguridad escolar, pero también promover una verdadera corresponsabilidad entre familias, autoridades educativas y autoridades de seguridad", concluyó la legisladora del Partido Verde.

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