La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios de Sinaloa acusados por sus presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos".
Medida preventiva automática
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la acción fue de carácter preventivo y que la UIF emitirá un comunicado oficial al respecto. "Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EU contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos", señaló la mandataria.
Contexto de las acusaciones
Esta acción se enmarca en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y su círculo por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente "Los Chapitos", incluyendo conspiración para importar narcóticos y otros delitos relacionados. La presidenta aseguró inicialmente no tener conocimiento detallado de la medida y solicitó un informe oficial a la UIF.
Reacciones y tensiones bilaterales
Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador, rechaza las acusaciones estadounidenses y las califica de infundadas. El caso ha generado tensiones en las relaciones México-Estados Unidos y ha puesto bajo escrutinio la cúpula política de Sinaloa. La UIF también habría ampliado la investigación al rastreo de empresas, socios y firmas ligadas al entorno de Rocha.
La medida preventiva de la UIF se da en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, aunque también ha despertado críticas de sectores políticos que cuestionan la falta de una orden judicial previa. Sheinbaum defendió la acción, asegurando que ningún empresario tiene por qué temer si actúa dentro de la legalidad.
