SSC destina 37 millones de pesos para inhibición celular en cárceles capitalinas
En un giro significativo de política de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México asignó 37 millones 204 mil 363 pesos durante el año 2025 para el servicio de inhibición de señal celular en seis centros penitenciarios de la capital. Esta decisión presupuestal ocurre después de que, en ejercicios anteriores, la propia institución desconociera por completo el estado de instalación, mantenimiento y operatividad de los dispositivos diseñados para bloquear el acceso a redes de internet y comunicaciones telefónicas al interior de las prisiones.
Implementación en seis centros penitenciarios clave
Las medidas de seguridad fueron implementadas específicamente en:
- Reclusorios Preventivos Varonil Norte
- Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Reclusorio Preventivo Varonil Sur
- Penitenciaría de la Ciudad de México
- Centro Femenil de Santa Martha Acatitla
- Centro Varonil de Santa Martha Acatitla
Cada una de estas cárceles recibió una inyección presupuestal de seis millones 200 mil 727 pesos, según los registros oficiales. Este gasto contrasta marcadamente con la situación reportada apenas en febrero de 2025, cuando la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC admitió ante medios que "no cuenta con la información solicitada sobre el presupuesto destinado para su adquisición y mantenimiento, ni sobre la empresa proveedora" de los inhibidores.
Historial de inversiones y falta de seguimiento
La historia de los inhibidores de señal en cárceles capitalinas presenta claroscuros preocupantes. En el año 2010, el Gobierno de la Ciudad de México presumió una inversión de 24 millones de pesos para la compra de 155 inhibidores de señal. Sin embargo, quince años después, en 2025, la SSC -entidad responsable de administrar y dirigir las cárceles capitalinas- reconoció que carecía de información sobre el funcionamiento y montos destinados para composición y mantenimiento de estos aparatos electrónicos.
Esta falta de transparencia resulta particularmente alarmante considerando que los dispositivos deberían detener las llamadas de extorsión que, según cifras oficiales, van en aumento constante en la metrópoli.
Contrato con proveedor específico y exclusiones
El cambio de postura ocurrió pocos meses después de la declaración de febrero. En julio de 2025, la SSC formalizó el contrato SSC/095/2025 con la empresa Promotora e Infraestructura GB S.A de C.V., por el concepto de servicio de inhibición de señal celular, por el monto total de 37 millones 204 mil 363 pesos.
No obstante, este contrato dejó fuera importantes centros de reclusión:
- Centros de Ejecución de Sanciones Penales Norte
- Centro de Ejecución de Sanciones Penales Oriente
- Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI)
- Centro Femenil de Reinserción Social
Estas exclusiones plantean interrogantes sobre la cobertura completa del sistema de inhibición en el sistema penitenciario capitalino.
Contexto penitenciario y decomiso de dispositivos
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 reportó que permanecen 25 mil 506 personas privadas de la libertad en la Ciudad de México. Los datos indican que, hasta antes de su decomiso, la cantidad de teléfonos móviles dentro de los penales equivalía a que 55.5 por ciento de la población penitenciaria tendría acceso a un dispositivo para realizar llamadas.
Las inspecciones dentro de los Centros Penitenciarios no se han debilitado, con 51 mil 47 revisiones documentadas entre 2022 y 2024, aunque sin números reportados para 2025 al momento de la investigación. El desglose por año muestra:
- 2022: 15 mil 85 verificaciones
- 2023: 20 mil 762 exploraciones (crecimiento del 38%)
- 2024: 15 mil 200 revisiones (solo de enero a julio)
Decomiso de teléfonos y chips telefónicos
Los teléfonos celulares continúan siendo los objetos que más se decomisan y que con mayor facilidad son ingresados ilegalmente a las cárceles. Del 2022 al 2024 se retiraron:
- 7 mil 2 teléfonos en total
- 3 mil 369 chips de diversas telefonías
La tendencia en decomisos muestra variaciones significativas:
Para teléfonos celulares:
- 2022: 2 mil 944 dispositivos decomisados
- 2023: 2 mil 633 dispositivos decomisados
- 2024: 1 mil 525 dispositivos decomisados (hasta julio)
Para chips telefónicos:
- 2022: 1 mil 174 chips encontrados
- 2023: 1 mil 375 chips retirados
- 2024: 820 chips decomisados (hasta julio)
Persistencia de extorsiones desde prisiones
A pesar de estas medidas, las llamadas de extorsión en la metrópoli mantienen una alta incidencia alarmante. Conforme a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se denunciaron al número 089 un total de 21 mil 922 intentos de robo bajo esta modalidad.
Si bien no existe exactitud estadística sobre cuántos de estos números marcados provienen específicamente de cárceles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se ha detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión.
Esta revelación subraya la urgencia de sistemas de inhibición efectivos y mantenidos adecuadamente, más allá de las asignaciones presupuestales recientes. La inversión de 37 millones en 2025 representa un paso, pero la historia de falta de seguimiento y transparencia anterior plantea dudas sobre la sostenibilidad y efectividad real de estas medidas a largo plazo.
