La detención de Gerardo Mérida Sánchez no es solo el arresto de un exfuncionario: es la radiografía de una traición institucional que cala hondo en la seguridad nacional. Quien fuera el encargado de pacificar Sinaloa, un general de División en retiro con un historial que presumía "honor y lealtad", terminó convertido, según la justicia estadounidense, en un peón de lujo en el tablero de Los Chapitos. El hombre que juró proteger a los ciudadanos duerme ahora en una celda de Nueva York.
100 mil dólares por ser cómplice
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez no era un secretario de Seguridad, sino un gerente de impunidad. El perfil criminal que emerge de las acusaciones de una corte de Brooklyn es demoledor: el exsecretario estaba en la nómina mensual de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su precio: 100 mil dólares mensuales. A cambio de esta fortuna, el general habría convertido a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un escudo protector para la facción más violenta del Cártel de Sinaloa, garantizando que los operativos nunca llegaran a su destino y que el flujo de narcóticos hacia la frontera fuera una autopista libre de obstáculos.
Estratega del crimen
Lo que impresiona es el currículum de Mérida, pues no estamos ante un policía o militar, sino ante un experto en guerra e inteligencia. Fue director de la Escuela Militar de Inteligencia y jefe en áreas clave de operaciones y logística del Estado Mayor de la Defensa. También comandó zonas militares en los estados más calientes del país: Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca. Toda esa preparación, pagada con recursos públicos, habría sido puesta al servicio de la conspiración para importar narcóticos y el manejo de armas automáticas y dispositivos destructivos. El hombre que sabía cómo rastrear criminales, presuntamente usó ese conocimiento para que los criminales nunca fueran rastreados.
La huida interrumpida
Mientras Gerardo Mérida intentaba cruzar o refugiarse en Arizona, el brazo de la DEA lo alcanzó. A pesar de que en México un juez le concedió un amparo "exprés" para evitar su extradición el pasado 7 de mayo, el destino ya estaba sellado en territorio estadounidense. El general es solo la "punta de la lanza". Es el primero de diez altos mandos de Sinaloa —incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha— señalados por el fiscal Jay Clayton de formar una red de corrupción sistémica. Su llegada a Nueva York, custodiado por los marshals, marca el inicio de un juicio sellado que amenaza con destapar las cloacas más profundas de la política sinaloense.
