Reporte presidencial muestra descenso histórico en homicidios dolosos
Durante su conferencia matutina del 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó datos que revelan una disminución significativa en los homicidios dolosos en México. Según las cifras oficiales, el promedio diario de víctimas pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026, marcando así el mes de enero con la tasa más baja desde 2016.
"Son datos que no deben despreciarse", señaló la mandataria, destacando que esta reducción rompe con la tendencia al alza que se mantenía estable desde 2012. Sin embargo, la pregunta central que surge ante estas estadísticas es compleja: ¿realmente significa esto que México se ha vuelto más seguro?
El concepto constitucional de seguridad pública
Para abordar esta cuestión, es fundamental comprender qué entendemos por seguridad. El artículo 21° de la Constitución Mexicana establece que "la seguridad pública es una función del Estado" cuyos fines incluyen salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas, además de contribuir al orden público y la paz social.
Bajo este marco legal, la simple disminución de delitos no necesariamente se traduce en mayor seguridad. A pesar de la reducción reportada, México continúa siendo considerado internacionalmente como un país con alta incidencia delictiva, particularmente en materia de homicidios.
La complejidad detrás de los números
Expertos en seguridad advierten que el contexto de violencia en México presenta múltiples capas que van más allá de las estadísticas oficiales:
- La permanencia de grupos delincuenciales organizados que compiten por mercados criminales
- Las relaciones opacas entre política y crimen organizado
- La posibilidad de reclasificación de delitos en registros oficiales
- La crisis de desapariciones forzadas que distorsiona las cifras reales
El investigador Luis Astorga ha señalado que en México, la existencia de grupos criminales "está ligada estructuralmente a la política y como negocio posible desde el poder político". Esta realidad dificulta enormemente la evaluación objetiva del progreso en materia de seguridad.
Cuestionamientos a las cifras oficiales
Organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común han documentado discrepancias importantes en los registros de homicidios. Entre las prácticas identificadas se encuentran:
- Reclasificación de homicidios dolosos como otros delitos contra la vida
- Registro de homicidios intencionales como culposos (accidentales)
- Subregistro sistemático en varias entidades federativas
Estas irregularidades, sumadas a la crisis de desapariciones que afecta al país, plantean serias dudas sobre la capacidad de las instituciones para medir y contener la violencia de manera efectiva.
La seguridad como proceso continuo
Los analistas coinciden en que la seguridad no debe entenderse como un estado absoluto, sino como un proceso continuo de trabajo institucional y colaboración social. La disminución de homicidios es, sin duda, un desarrollo positivo que merece reconocimiento, pero no puede considerarse como indicador único de mejoría en la seguridad nacional.
El verdadero desafío, según expertos como Gerardo López García -licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos por la UNAM-, radica en abordar las causas estructurales de la inseguridad: las debilidades institucionales, la corrupción y la impunidad que permiten la operación de grupos criminales.
"Estamos en un punto en el que la ausencia de delito no significa ausencia de delincuentes", advierten los especialistas, señalando que muchos grupos criminales han logrado monopolizar mercados ilegales con menor resistencia, creando una falsa sensación de tranquilidad.
La pregunta sobre si México es más seguro hoy que antes requiere, por tanto, un análisis multidimensional que considere no solo las cifras oficiales, sino también el contexto político, social e institucional en el que se desarrolla la violencia en el país.
