Exmandatario municipal es ejecutado en ataque armado durante celebración familiar
La violencia política en Oaxaca cobró una nueva víctima la noche del domingo 13 de abril de 2026, cuando Francisco Fidel Gijón Vásquez, expresidente municipal de San Miguel del Puerto, fue asesinado por personas armadas en el centro de este municipio de la región de la Costa.
Un ataque directo en medio de una reunión familiar
De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario de 53 años se encontraba en una fiesta familiar cuando los agresores ingresaron al lugar y dispararon directamente contra él. La versión preliminar indica que los homicidas habrían irrumpido en la reunión para ejecutar su ataque, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.
Tras el crimen, elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron la zona del homicidio, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca inició las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Una trayectoria política interrumpida violentamente
Francisco Gijón tenía una destacada trayectoria en la política local de San Miguel del Puerto, habiendo logrado ser presidente municipal en dos ocasiones:
- Su primer trienio al frente del municipio fue del 2005 al 2007
- Posteriormente, volvió a ocupar el cargo del 2014 al 2016 bajo el sistema de usos y costumbres que rige en la comunidad
Una preocupante lista de funcionarios municipales asesinados
El caso de Francisco Gijón se suma a una preocupante lista de presidentes municipales asesinados en Oaxaca en los últimos años, la mayoría de ellos durante 2025:
- Francisco Román Ruiz - Candelaria Loxicha (mayo 2025)
- Mario Hernández - Santiago Amoltepec (mayo 2025)
- Joaquín Martínez López - Chahuites (octubre 2024)
- Lilia García Soto - San Mateo Piñas (15 de junio 2025)
Esta escalada de violencia contra funcionarios municipales en el estado de Oaxaca preocupa a las autoridades y a la sociedad civil, quienes exigen justicia y medidas de protección para quienes ejercen cargos públicos en las comunidades más vulnerables.
