El cantante Julio Iglesias ha intensificado su batalla legal contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, al presentar una querella ante el Tribunal Supremo por comentarios que considera injuriosos y calumniosos. La acción legal se produce después de que la ministra se negara a retractarse de sus declaraciones relacionadas con una denuncia previa por presuntos abusos sexuales contra el artista.
Antecedentes del conflicto
En febrero pasado, Iglesias solicitó un acto de conciliación en el que exigía que Díaz reconociera el daño causado y rectificara sus manifestaciones. Sin embargo, la vicepresidenta rechazó esta petición, argumentando que sus comentarios no vulneraban la presunción de inocencia del cantante ni afectaban su honor. Ante la falta de acuerdo, los abogados del intérprete procedieron a interponer una querella formal por los delitos de injurias y calumnias, la cual se presentó ante el Tribunal Supremo debido al fuero de Díaz como miembro del gobierno.
Declaraciones de Díaz bajo la lupa
Las declaraciones que desencadenaron el litigio fueron realizadas por Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky y al día siguiente en una entrevista en RTVE. En su mensaje en Bluesky, la ministra escribió: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo".
Según la representación legal de Iglesias, estas afirmaciones "emitieron a la opinión pública claros prejuicios de culpabilidad contra el señor Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".
La denuncia original y su archivo
La controversia se originó a raíz de una denuncia presentada por dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes lo acusaban de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y violación de derechos laborales. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero, determinando que la justicia española carecía de competencias para investigar el caso, al no cumplirse los requisitos legales exigidos.
Próximos pasos legales
Con la negativa de Díaz a retractarse, el caso ahora se dirime en el Tribunal Supremo. La defensa de Iglesias busca no solo una rectificación pública, sino también una indemnización económica por los daños reputacionales causados, cuyo monto se determinará en función de la difusión de las declaraciones. Este litigio se suma a otros enfrentamientos legales del cantante en España, donde ha sido noticia por diversos pleitos en los últimos años.
