Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que México enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes: al menos 128 mil personas están desaparecidas y más de 70 mil cuerpos yacen sin identificar en instalaciones estatales. Esto suma 198 mil personas en el limbo, aunque datos recientes elevan la cifra a 208 mil 650.
Familias en busca de respuestas
Victoria Delgadillo Romero, líder del grupo Enlaces Xalapa, expresó que lo único que requieren las familias es saber dónde están sus seres queridos, vivos o muertos. La desesperación crece ante la falta de resultados de las autoridades.
Estados con mayor incidencia
El informe señala a Jalisco, Estado de México y Tamaulipas como focos rojos. También destaca el Corredor del Pacífico (Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa), donde el crimen organizado está vinculado a las desapariciones. Además, se observa un aumento crítico en rutas migratorias del sureste y zonas con industrias extractivas.
Impunidad como motor
La CIDH documenta que la impunidad es el principal motor de esta crisis. Las fiscalías estatales carecen de personal capacitado y las investigaciones son deficientes. En la mayoría de los casos, las familias deben reunir las pruebas por su cuenta, lo que genera desconfianza y retrasos procesales.
Perfiles de vulnerabilidad
Los jóvenes de 15 a 30 años son el grupo más afectado. La CIDH vincula esto con la falta de un Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento. En mujeres y niñas, la desaparición a menudo precede a la trata o al feminicidio, especialmente en el Estado de México, donde las Alertas de Género no han sido efectivas.
Grupos en riesgo
El informe también documenta desapariciones de migrantes víctimas de trata, personas LGBTQ+ por odio, periodistas por su labor y defensores de derechos humanos. Se identifican tres tipos de perpetradores: policías estatales, grupos criminales en colusión con autoridades y particulares ligados al crimen organizado.
Crisis de identificación forense
La CIDH califica la situación como una crisis de identificación humana, debido a la demora en implementar el Banco Nacional de Datos Forenses y la falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República y las entidades locales. Esto ha convertido a las morgues en depósitos de olvido.
