De acuerdo con fuentes de primer nivel, el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía pleno conocimiento de los canales de comunicación entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Rubén Rocha Moya. El propio gobernador de Sinaloa le habría informado directamente sobre estos vínculos, los cuales no contradecían la estrategia de seguridad de 'abrazos, no balazos' impulsada por el entonces mandatario.
La reunión previa a la elección
Las mismas fuentes señalan que AMLO estuvo enterado de la reunión que sostuvieron Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa antes de la elección para gobernador. Dicho encuentro, mencionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habría sellado un pacto: el cártel apoyaría al candidato en las elecciones a cambio de libertad para operar sin restricciones. La información, según las fuentes, fue transmitida directamente por Rocha Moya a López Obrador.
Comunicación y coordinación
La comunicación entre el gobierno estatal y el cártel se estableció a través del secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y Los Chapitos. Este diálogo incluía la circulación de contratos y hasta el envío de apoyo médico para el 'Mayo' Zambada, con el fin de atender sus padecimientos crónicos. Las autoridades conocían la ubicación de los capos y sus movimientos, lo que refleja una coordinación y un entendimiento mutuo.
Control y violencia
Durante los primeros años, el control del estado quedó en manos del cártel, lo que permitió a López Obrador presumir una paz relativa en Sinaloa, con un promedio de 1.4 asesinatos diarios. Sin embargo, cuando estalló la guerra interna entre Los Chapitos y la Mayiza, el gobierno perdió la capacidad de recuperar el control cedido, y los homicidios se dispararon a 6.9 por día, aunque posteriormente bajaron a 2.5. La lección es que el Estado no puede recuperar la gobernabilidad una vez que la entrega.
El encubrimiento y la crisis
Con el visto bueno de López Obrador, Rocha Moya entregó el control del gobierno al cártel. Tras el secuestro del 'Mayo' Zambada y su traslado a Estados Unidos, la guerra se desató sin posibilidad de recuperar el control. La situación se agravó cuando el gobernador mintió y participó en el encubrimiento del asesinato de su principal rival político, Héctor Melesio Cuén, intentando hacerlo pasar por un robo de vehículo. Este montaje, una vez expuesto, acabó con la legitimidad del gobernador.
Los 19 meses siguientes transcurrieron con un gobernador inoperante, coludido con el narcotráfico, lo que representó una bomba de tiempo que finalmente estalló. La pregunta sobre si desde Palacio Nacional se pudo desactivar la crisis queda abierta, ante las posibles complicidades y compromisos comunes.
