Justicia de EE.UU. solicita mantener condena de 38 años contra exsecretario mexicano
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una solicitud formal ante un juez federal para que rechace la apelación interpuesta por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y mantenga la condena de 38 años de prisión impuesta por narcotráfico.
Argumentos contundentes de la fiscalía
En un documento legal firmado por el fiscal especial Adam Amir, las autoridades estadounidenses argumentaron que las pruebas presentadas durante el juicio fueron irrefutables y demostraron la relación corrupta del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
El texto oficial describe a García Luna como un "funcionario corrupto" que "aceptó millones de dólares en sobornos" a cambio de proporcionar protección institucional a la organización criminal comandada por Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", e Ismael Zambada, alias "El Mayo".
La apelación de la defensa
A finales de 2025, los abogados defensores de García Luna presentaron la apelación contra la sentencia, alegando que el proceso judicial estuvo marcado por:
- Abusos de discreción por parte de la corte
- Limitaciones injustificadas a la estrategia de defensa
- Utilización de información incorrecta y sesgada
La condena original, dictada tras un extenso juicio, encontró culpable al exsecretario de conspiración para distribuir e importar cocaína hacia territorio estadounidense.
Historial del caso
La trayectoria legal de Genaro García Luna incluye:
- Detención en Texas en diciembre de 2019
- Presentación ante un tribunal federal de Nueva York en enero de 2020
- Juicio celebrado entre enero y febrero de 2023
- Declaración de culpabilidad por aceptar sobornos del cártel
- Sentencia de 38 años de prisión
Tras su condena, García Luna se convirtió en el mexicano de más alto rango en ser declarado culpable y sentenciado por la justicia estadounidense, marcando un precedente histórico en casos de corrupción transnacional.
El Departamento de Justicia mantiene que las evidencias presentadas durante el proceso judicial fueron suficientes y contundentes para sustentar la sentencia original, por lo que considera que no existen fundamentos legales para modificar o anular la condena impuesta al exfuncionario mexicano.
