Un fin de semana que expuso las dos caras de la respuesta estatal ante la violencia
Los últimos días en México estuvieron marcados por dos eventos que reflejan con crudeza la respuesta diferenciada del Estado ante la violencia criminal. Por un lado, el funeral de Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue custodiado por fuerzas de seguridad federales tras la entrega de su cuerpo a la familia el sábado. Por otro, Rubí Patricia Gómez, madre buscadora integrante del colectivo "Corazones Unidos por una misma Causa, A.C.", fue asesinada justo antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa como parte de una gira estatal.
Críticas inmediatas y señalamientos contundentes
Las reacciones no se hicieron esperar. El cortejo fúnebre de "El Mencho" recibió protección federal bajo el argumento oficial de prevenir acciones de otros grupos criminales. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum recorrió Sinaloa con un dispositivo de seguridad reforzado, apenas 24 horas después del asesinato de Rubí. Colectivos de búsqueda denunciaron el abandono sistemático que enfrentan las madres buscadoras durante su labor en territorio hostil, señalando que este crimen es una muestra más de la impunidad imperante.
La crítica central apunta a una paradoja insostenible: mientras familias de víctimas de desaparición forzada pasan años sin respuestas, los familiares de un jefe criminal reciben todas las atenciones estatales para realizar un funeral. Esta disparidad evidencia qué vidas importan y cuáles son ignoradas por el aparato gubernamental.
La denuncia de indolencia e impunidad institucional
No se trata de negar derechos fundamentales a ninguna persona, incluida la familia de Oseguera para recibir el cuerpo y darle sepultura. Sin embargo, esta misma premisa sirve para denunciar la situación de indefensión que enfrentan cotidianamente las familias buscadoras. Solo en contados casos, y tras intensa presión pública, reciben un apoyo gubernamental que suele llegar a regañadientes.
La impunidad estructural permite estas asimetrías grotescas. Cuando los órganos de justicia en todos los niveles evaden sus responsabilidades:
- No activan adecuadamente las fichas de búsqueda
- Forman carpetas de investigación deficientes
- Ignoran indicios cruciales
- Fracasan en proporcionar información a las familias durante las primeras 48 horas
Esta impunidad beneficia tanto a delincuentes como a autoridades corruptas, permitiendo robos, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas. Tanto los grandes capos como los colectivos de búsqueda existen por el fracaso del Estado, que por acción u omisión crea condiciones para el crecimiento del crimen organizado.
Las vidas que importan (y las que no) al Estado mexicano
Mientras la indolencia y la impunidad sigan siendo la marca distintiva del Estado mexicano, persistirán estas asimetrías entre jefes criminales y víctimas de desaparición forzada. Ambas caras revelan qué vidas merecen protección:
- En el caso de "El Mencho", la preocupación estatal responde al temor de que otros grupos criminales disputen el control de sus empresas ilícitas, estructuras que existen gracias a la impunidad en todos los órdenes de gobierno.
- En el caso de Rubí Patricia Gómez, la impunidad de su asesinato y la falta de protección demuestran que quienes buscan respuestas básicas -incluso renunciando a la promesa de justicia- no importan al Estado mexicano.
Este contraste brutal no es anecdótico: representa la política de seguridad selectiva que prioriza la estabilidad criminal sobre la protección ciudadana, dejando a las familias buscadoras en total desamparo mientras garantiza funerales seguros para capos.
