Argentina reabre investigación contra Gloria Trevi y Sergio Andrade por trata de personas
El gobierno de Argentina ha decidido retomar formalmente la investigación en contra de la cantante mexicana Gloria Trevi, su entonces promotor y pareja sentimental Sergio Andrade, y María Raquenel, por graves delitos de trata de personas. Este caso, que había permanecido estancado durante años debido a la supuesta falta de cooperación internacional, ha sido reactivado con nuevas acusaciones que amplían el alcance de las indagatorias.
Denuncia ampliada y cooperación internacional
La denuncia original fue presentada por la ciudadana argentina Liliana Regueiro, y ahora ha sido ampliada para incluir no solo el delito de trata de personas, sino también cargos por explotación infantil y esclavitud. Recientemente, la fiscal especial para los delitos de Trata de personas en Argentina, Verónica Toller, envió un oficio oficial a la embajadora de México en el país sudamericano, solicitando su cooperación activa en este proceso judicial.
Una copia de esta misiva fue presentada públicamente por la periodista María Idalia Tovar, quien ha seguido de cerca el caso por trata y explotación infantil que involucra a la artista regiomontana y a su expromotor. Según Tovar, la reapertura del caso podría incentivar a otras víctimas y países afectados a recurrir nuevamente a la justicia, tanto en Argentina como en otras naciones donde se presume que operaron los indiciados.
Antecedentes y expectativas
Las autoridades argentinas han señalado que, en su momento, el caso fue archivado principalmente porque no se contó con el apoyo necesario de autoridades de países como España y Chile. Sin embargo, ahora expresan su esperanza de avanzar significativamente en esta nueva oportunidad investigativa.
La reapertura de este proceso legal marca un punto de inflexión en uno de los casos más mediáticos y controvertidos de la farándula mexicana, que ha estado rodeado de polémica durante décadas. Los expertos en derecho internacional destacan que esta movilización judicial podría tener repercusiones significativas en la lucha contra la trata de personas a nivel global.
