México se ha consolidado como uno de los principales focos de fraude digital a nivel internacional, según el informe Internet Crime Report 2025 del FBI, que lo señala como nodo clave en el movimiento de dinero vinculado a fraudes. Además, datos de Sumsub indican que los casos de fraude digital en el país aumentaron más del 27% respecto al año anterior, superando los promedios regional y global.
La regulación no frena el fraude
A pesar de marcos regulatorios como la Ley Fintech y disposiciones contra el lavado de dinero, el fraude digital sigue creciendo. Miguel González, Country Manager de Sumsub en México, señala: “Hoy la pregunta ya no es qué falta legislar, sino por qué lo que existe no está generando los resultados esperados”. El problema no es jurídico, sino operativo: las empresas cumplen en el papel, pero con soluciones parciales o procesos manuales que fallan en la práctica.
Los defraudadores avanzan más rápido
Mientras las instituciones buscan cumplir con la norma, los defraudadores usan inteligencia artificial, automatización y filtraciones de datos. En América Latina, los ataques con deepfakes crecieron 201% en promedio, y México lidera con un incremento cercano al 500%, según Sumsub. Esto genera sistemas ineficientes con altos falsos positivos y controles débiles que permiten fraudes, causando pérdidas económicas y deterioro de la confianza.
Cambio de enfoque necesario
González afirma: “Para muchas organizaciones en México, el combate al fraude digital sigue abordándose más como una exigencia de cumplimiento que como una prioridad del negocio”. Se invierte lo mínimo para evitar sanciones, pero no para construir confianza, un activo fundamental en la economía digital. El autor sostiene que México no necesita más leyes, sino una evolución en la interpretación y aplicación de las reglas existentes, pasando de un enfoque reactivo a uno proactivo que gestione el riesgo como parte integral de la experiencia del usuario.
La confianza no se regula, se construye
“La verdadera ventaja está en quién logra convertir la seguridad en un habilitador del negocio”, concluye González. La regulación debe ser el punto de partida, no el centro del debate. Las empresas deben adoptar soluciones con actualización continua, análisis de datos y capacidad de anticipación para enfrentar un ecosistema de fraude en constante adaptación.
