Familia de fotoperiodista fallecido en AXE Ceremonia exige comparecencia de fundador y accionistas
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, el fotoperiodista que perdió la vida durante el festival AXE Ceremonia 2025, ha presentado una solicitud formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). En su petición, exigen la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del concierto, así como de otros accionistas vinculados a Grupo ECO, con el objetivo primordial de esclarecer los hechos negligentes que desencadenaron la tragedia.
Exigencias legales y corporativas
De manera paralela, la familia y su asesoría jurídica han demandado que diversas personas con poder de decisión corporativa rindan entrevista para explicar detalladamente:
- La estructura interna de las compañías involucradas.
- Los mecanismos de control implementados.
- La existencia de protocolos de prevención de riesgos y seguridad.
Además, han requerido a la Fiscalía que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. cambie su calidad jurídica dentro de la investigación y sea considerada como empresa imputada. Esta solicitud se basa en que dicha empresa contaba con la concesión y administración del Parque Bicentenario, escenario del fatal accidente.
Contexto corporativo y responsabilidades
Hasta el momento, sólo se encuentra como imputada Operadora Eclectic S.A. de C.V., la cual actuaba como empresa filial de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V.. Ambas empresas están vinculadas a los hermanos Mc Phail Trouyet, figuras clave en la organización del evento.
El pasado 29 de enero, la promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO asumió públicamente la responsabilidad del accidente. A través de un comunicado, el corporativo informó que, desde el primer momento—el 5 de abril de 2025—, han mantenido una colaboración constante, abierta y transparente con la FGJCDMX. En estos acercamientos, aseguraron haber proporcionado de manera oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como un diálogo con las familias de las víctimas.
"Decidimos mantener silencio público durante estos meses, por respeto a ellas y al proceso de investigación", expresó el Grupo ECO. "Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo con las familias conforme a lo establecido por la Ley. NO pretendemos entorpecer el proceso; por el contrario, estamos a favor de que avance, entendiendo que llegar a una resolución requiere sensibilidad, escucha y empatía. Reafirmamos nuestro compromiso para lograrlo".
Declaraciones de la familia y búsqueda de justicia
En respuesta, Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel Ángel, aclaró que no se trata de acusaciones anticipadas, sino de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar la colocación de las dos grúas que colapsaron sobre los fotógrafos.
"Estas solicitudes constituyen el ejercicio de nuestro derecho como víctimas a una investigación exhaustiva, imparcial y con debida diligencia", afirmó. "Reiteramos que continuaremos impulsando diligencias para que la investigación determine responsabilidades en todos los niveles, tanto operativos como corporativos, por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández. Si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él".
Obstáculos legales y amparo indirecto
Dado que la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia aún no ha sido celebrada, la familia Rojas Martínez presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por aparentes irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025. Este amparo se encuentra en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.
La suspensión otorgada en ese juicio desde hace más de cuatro meses impide la celebración de la audiencia inicial y, por tanto, la Fiscalía capitalina no puede imputar cargos penales a las empresas y personas investigadas por la muerte de Miguel Ángel.
En el 2025, cuando se celebraría la audiencia inicial por el accidente, la representación legal de la familia Giles promovió un amparo para detener todo el proceso judicial y que la FGJCDMX reiniciara la investigación. El objetivo era revisar si OCESA y LOBO podrían estar involucradas en la colocación de las estructuras—colocadas de manera ilegal—que colapsaron sobre los fotógrafos, y cambiar su situación jurídica de testigos a imputados.
Pruebas y decisiones judiciales controvertidas
Hasta antes del amparo 853/2025 promovido, la Fiscalía contaba con datos de prueba para señalar a tres empresas y ocho personas físicas. Entre ellas se encuentran la organizadora del evento, la empresa concesionaria del Parque Bicentenario y la encargada de colocar las grúas, las cuales no se encontraban descritas en el Programa de Protección Civil.
Al exterior de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la colonia San Ángel, los familiares de Miguel Ángel reprocharon que el 15 de octubre de 2025, la jueza María del Carmen Cisneros ordenó que no se llevara a cabo la audiencia. Esto ocurrió a pesar de que días antes había determinado que su suspensión era jurídicamente inadmisible, al considerar que ello obstaculizaba el proceso penal, afectaba el interés social e impedía la función constitucional del Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente concedió la suspensión definitiva, generando más retrasos en la búsqueda de justicia.
