La crisis generada por las graves irregularidades en el examen en línea de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha colocado a la empresa Territorium Life bajo un exhaustivo escrutinio público. Esta firma, especializada en desarrollo de software educativo e inteligencia artificial para evaluaciones virtuales, fue fundada en marzo de 2012 en Nuevo León por Carlos Guillermo Elizondo Ancer, quien ocupa los cargos de CEO y presidente del Consejo, y Gerardo de Jesús Sáenz González, director de Tecnología. Aunque la compañía presume contar con "mecanismos de seguridad de clase mundial" para adjudicarse contratos millonarios con entidades gubernamentales mexicanas, una investigación detallada revela que su trayectoria internacional está marcada por significativos incumplimientos operativos y controversias legales.
Fracaso operativo y acusaciones de fraude en Colombia
El precedente más contundente contra Territorium Life se encuentra en Colombia, donde su gestión fue severamente criticada por sindicatos educativos y medios de comunicación. A finales de 2019, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia adjudicó a un consorcio liderado por Territorium Life, junto con E-Training y Comware, un contrato valorado en 30 mil millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 176 millones de pesos mexicanos. El objetivo era sustituir la plataforma Blackboard para dar servicio a cerca de ocho millones de estudiantes, reemplazando funciones críticas como la visualización de contenidos, subida de trabajos, foros de debate y exámenes en línea.
Las expectativas eran altas, pero la realidad operativa fue desastrosa. La fecha límite para que la plataforma operara al 100% estaba fijada para el 20 de enero de 2020; sin embargo, los retrasos iniciales dejaron sin acceso a clases a más de 50 mil aprendices virtuales. Para abril de 2020, el nivel de cumplimiento apenas alcanzaba el 74%, y once meses después del inicio, el sistema completo aún no había sido entregado. Ante esta situación, el SENA convocó a una audiencia en febrero de 2021 para abordar el presunto incumplimiento, evaluando imponer multas equivalentes al 10% del valor del contrato.
La indignación llegó a su punto máximo cuando el Sindicato de Empleados Públicos del SENA (SINDESENA) documentó un colapso técnico generalizado. En mayo de 2020, el sindicato señaló que la transición de entre 700 y 800 cursos institucionales se convirtió en un caos. La inoperatividad de las videollamadas integradas obligó a la institución a recurrir a aplicaciones externas como Microsoft Teams y Zoom. El rendimiento del sistema era tan precario que el simple ingreso simultáneo de varios docentes provocaba caídas por saturación. En julio de 2021, el sindicato emitió un comunicado titulado explícitamente: “TERRITORIUM, una estafa como herramienta de apoyo a la formación”, alegando que el SENA sufrió un retroceso de veinte años en educación virtual debido a borrados intempestivos de preguntas y eliminación de carpetas con contenido docente.
Licitaciones cuestionadas y sobrecostos presupuestales
Más allá de las fallas técnicas, surgieron acusaciones sobre la transparencia en la renovación de estos servicios. Investigaciones periodísticas revelaron que el contrato original se extendió mediante prórrogas controvertidas. En septiembre de 2023, SINDESENA alertó sobre un posible direccionamiento de la licitación a favor exclusiva de Territorium Life. Empresas competidoras, como Cognos Online, impugnaron el proceso argumentando que los pliegos técnicos estaban diseñados a medida para beneficiar al proveedor actual.
Entre las prácticas cuestionadas se incluyó la exigencia de un puntaje adicional por acreditar la Certificación CLR, requisito que excluía a otros interesados, así como el aumento de la experiencia requerida a 15 años y la creación de fichas técnicas con especificaciones de interfaz únicas de la arquitectura de Territorium. Este escenario se desarrolló en medio de una explosión presupuestal: el proyecto inicial de 30 mil millones de pesos colombianos se disparó a más de 92 mil millones, representando un sobrecosto superior al 200%. A pesar de las penalizaciones financieras confirmadas por autoridades colombianas, que aplicaron descuentos por aproximadamente el 5% de lo facturado debido a fallas continuas, Territorium Life retuvo el control hasta el 31 de marzo de 2024, momento en que el SENA migró finalmente a una plataforma propia denominada ZAJUNA.
Expansión de riesgos en instituciones mexicanas
El patrón de fallas sistémicas parece repetirse en México, donde el futuro académico de miles de jóvenes está en juego. Además de la crisis en la UNAM, se han destapado otras inconsistencias vinculadas a la empresa. Recientemente, el medio Latinus expuso vulnerabilidades en Saberes MX, la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) gestionada por Territorium Life. Un ejercicio práctico demostró que era posible obtener acreditaciones oficiales, como la de experto en vacunación pediátrica, sin completar los módulos de capacitación correspondientes.
Según información publicada por el diario El Universal, Territorium Life ha acumulado cerca de 218 millones de pesos gracias a contratos con dependencias federales e instituciones educativas. Entre sus clientes figuran el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y diversas universidades estatales. Un caso particularmente relevante es el del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde la firma aseguró que su software con inteligencia artificial detenía actos deshonestos durante las evaluaciones. En el periodo 2024-2025, la Judicatura adjudicó al menos tres convenios por 50.5 millones de pesos para auditar procesos de selección judicial.
Los detalles contractuales revelan montos específicos que ilustran la escala de operación de Territorium Life en el sector público mexicano:
- Judicatura Federal: Por 13.1 millones de pesos, la firma asumió la vigilancia de entre 28 mil y 70 mil pruebas virtuales aplicadas por la Escuela Federal de Formación Judicial.
- BUAP: Entre 2024 y 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pagó 31.6 millones de pesos para la aplicación en línea de exámenes de nuevo ingreso a niveles Medio y Superior.
- UANL: En 2021, la Universidad Autónoma de Nuevo León desembolsó 12.7 millones de pesos para evaluaciones de nivel licenciatura.
- INE: En 2024, contrató servicios para su Centro Virtual por 914 mil 345.23 pesos.
- CEAV: En 2019, pagó 1 millón 898 mil pesos por servicios de formación y actualización de servidores públicos.
Con domicilio fiscal registrado en la Calle Nogalar #208, colonia Antiguo Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Territorium Life continúa operando en un entorno de alta tensión pública. La convergencia de problemas técnicos reportados en Colombia con las actuales crisis en México sugiere una necesidad urgente de revisión sobre los estándares de contratación tecnológica del Estado mexicano, especialmente cuando se trata de infraestructuras críticas para la educación superior y la justicia.
