El gobierno de Donald Trump, a través de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC), ha puesto en la mira el principio ALARA (Tan bajo como sea razonablemente alcanzable), una norma que durante cinco décadas ha guiado la protección radiológica en el mundo. La propuesta, presentada como un intento de "quitar ambigüedad" y adoptar un "enfoque gradual", busca eliminar este pilar preventivo para acelerar la construcción de reactores destinados a alimentar los centros de datos y la creciente demanda eléctrica de la inteligencia artificial.
El principio ALARA bajo ataque
ALARA, establecido tras los primeros accidentes nucleares civiles, exige que las dosis de radiación se mantengan en el nivel más bajo posible, más allá de los límites máximos permitidos. La propuesta de Trump, según denuncia el escritor y ambientalista Rubén D. Arvizu, eliminaría ese imperativo ético y legal. Aunque los límites oficiales no cambien, la ausencia de la meta de reducción constante abre la puerta a que las emisiones se acerquen peligrosamente a los topes, aumentando el riesgo para trabajadores y comunidades.
Entre las medidas concretas se plantea elevar el estándar de emisiones de radionúclidos de 10 a 25 milirem por año, un incremento del 150%. Además, se pretende ignorar factores como el estrés físico de los operarios para agilizar la construcción de nuevos reactores, priorizando la velocidad sobre la seguridad.
El hambre energética de la inteligencia artificial
El contexto es clave: la administración Trump busca cuadriplicar la producción de energía nuclear para satisfacer el voraz apetito eléctrico de los centros de datos y el auge de la inteligencia artificial. Esta tecnología requiere cantidades masivas de electricidad, y la energía nuclear se presenta como una opción "limpia" y constante. Sin embargo, Arvizu advierte que "alimentar algoritmos de inteligencia artificial a costa de debilitar los escudos de protección contra la radiación ionizante es el mayor riesgo para nuestra supervivencia".
La historia muestra que cuando la seguridad nuclear falla, las consecuencias son globales. Desde el colapso parcial de Three Mile Island en 1979, la catástrofe de Chernóbil en 1986, hasta el desastre de Fukushima en 2011 —cuyas secuelas aún contaminan el océano Pacífico—, cada incidente ha dejado cicatrices profundas. Relajar los controles, incluso en nombre de la innovación, es repetir errores pasados.
Consecuencias globales: el caso de Laguna Verde
La amenaza no se limita a Estados Unidos. Arvizu señala que las políticas de Trump y sus aranceles hacia Latinoamérica podrían presionar a otros países a bajar la guardia. Un ejemplo es la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz, México, que ya ha sido criticada por su manejo operativo y los riesgos a los ecosistemas costeros. Relajar los estándares internacionales enviaría una señal nefasta, alentando a naciones en desarrollo a seguir el mismo camino de desregulación para complacer los intereses de Washington.
La energía nuclear no admite atajos. Como recuerda Arvizu, "jugar con los márgenes de seguridad es atentar contra la salud de todos los seres vivientes y el delicado equilibrio de la biosfera". La propuesta de eliminar ALARA, aunque presentada como un ajuste técnico, representa un retroceso de 50 años en protección radiológica.
Un riesgo para la biosfera
El debate, que a algunos podría parecer técnico o lejano, afecta directamente a la ciudadanía. "Somos quienes pagaremos las consecuencias de planes hechos sobre las rodillas e intereses bastardos que se sobreponen a los derechos de los que vivimos ahora y de las generaciones futuras", concluye Arvizu. Mientras la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la pregunta es si el precio de su desarrollo será la salud pública y la seguridad nuclear.
