El sismo registrado en Colombia esta semana dejó un saldo de 250 personas fallecidas y unas 200 desaparecidas, según los últimos datos, y para el investigador Sergio Alcocer Martínez de Castro, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el evento vuelve a mostrar la importancia de que las normas de construcción no solo existan, sino que se cumplan mediante una supervisión adecuada.
En entrevista con Aristegui en Vivo, Alcocer explicó que el terremoto ocurrió en una de las zonas sísmicas más activas de Colombia, donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe. A diferencia de los sismos de subducción habituales en la costa del Pacífico mexicano, el movimiento se produjo por un desgarre de la placa de Nazca, asociado con un cambio en su penetración e inclinación debajo de la Sudamericana.
Daños en concreto y mampostería
A partir de videos y fotografías, el especialista observó daños en estructuras de concreto y mampostería, materiales ampliamente utilizados tanto en Colombia como en México. Una parte de las edificaciones afectadas corresponde a construcciones no ingenieriles o de autoconstrucción, mientras que otras fueron diseñadas y construidas décadas atrás, sin las características sismorresistentes que hoy se consideran necesarias.
“Los reglamentos de construcción no son lineamientos de carácter optativo, no son guías para que se desarrollen los diseños, sino que incluyen una serie de requisitos mínimos que de manera obligatoria se deben de cumplir”, sostuvo Alcocer.
Colombia cuenta con un reglamento sismorresistente desde 1983-1984 y con un grupo de ingenieros especializado en la materia. Sin embargo, los recientes sismos en Colombia y Venezuela muestran la necesidad de que las normas sean claras, interpretadas adecuadamente por los profesionales y, principalmente, observadas. La regulación debe ir acompañada de mecanismos de inspección y supervisión.
Problemas con la adopción de normas extranjeras
En el caso colombiano, la normativa tiene una fuerte influencia de las normas estadounidenses, que requieren criterios de inspección cuidadosos. El problema surge cuando se adoptan criterios elaborados para países con condiciones socioeconómicas distintas, explicó Alcocer.
“Y aquí es donde muchas veces nos falla en países como los nuestros, en donde tratamos de adoptar criterios de otros países que tienen realidades socioeconómicas, realidades, por ejemplo, en términos de inspección distintas y se nos dificulta la aplicación propiamente de estos reglamentos”, dijo.
Un ejemplo es la autoconstrucción: el acceso desigual a los servicios de ingenieros y arquitectos lleva a algunas familias a contratar maestros albañiles de la zona, quienes no necesariamente tienen la preparación necesaria. Para Alcocer, la vulnerabilidad estructural no puede abordarse solo desde la ingeniería, pues está relacionada con desigualdades socioeconómicas. Por ello, consideró necesario que ingenieros, funcionarios públicos y autoridades académicas trabajen de manera coordinada en la formación de nuevos profesionales.
Colapso en Viaducto y edificios dañados en CDMX
Alcocer también se refirió al colapso del martes de un inmueble abandonado en la Ciudad de México, que afectó carriles del Viaducto. El edificio estaba señalado para ser demolido y el colapso pudo haberse producido durante el proceso de demolición.
El especialista advirtió que en la capital todavía existen edificios dañados por los sismos de 2017 que no han sido rehabilitados, en parte por problemas legales en inmuebles bajo régimen condominal. Basta que uno de los propietarios se oponga a la rehabilitación para impedir los trabajos. Mencionó un inmueble cerca de Parque España donde aún viven personas pese a los daños.
“Esto otra vez nos llama la necesidad de adaptar las políticas públicas y las normas de la ciudad para lograr una mayor resiliencia de la propia ciudad, y lograr que edificios que se encuentran en condiciones como el que cayó el día de ayer, se puedan intervenir, ya sea rehabilitar, si es el caso, o bien demoler y poder aprovechar el terreno para otro tipo de usos”, planteó.
Lecciones de 1985 y 2017
Alcocer ubicó el terremoto de 1985 como un punto de quiebre para la regulación de la construcción en México. En ese momento estaba vigente una norma de 1976 que seguía tendencias internacionales, pero existía una desconexión entre el comportamiento esperado de las estructuras y el que realmente alcanzaban. “Esto nos llevó duramente a aprender esta falta de correlación dentro de la propia norma”, señaló.
Después del terremoto se expidió una norma de emergencia y luego un reglamento en 1987, con el que se corrigieron los defectos de la regulación de 1976. México aprendió que los reglamentos son fundamentales, pero su existencia no garantiza edificios seguros. “Y es preferible tener un reglamento sencillo, quizás no necesariamente muy complejo, muy completo, pero que se observe, a tener un reglamento muy elaborado, muy completo en términos de sus requisitos, pero que no se observe, que no se siga”, afirmó.
El reto es encontrar un equilibrio entre la cantidad de requisitos y los avances técnicos, frente a lo que puede aplicarse en la práctica. El sismo de 2017 volvió a mostrar problemas ya identificados, tanto en edificios construidos antes de 1985 como en algunos posteriores.
Calidad, mantenimiento y colaboración
Alcocer subrayó que la calidad de la construcción es determinante para el comportamiento final de un edificio, por lo que no debe aceptarse una reducción en la calidad respecto de las memorias de cálculo y los planos. La experiencia llevó a considerar el ciclo completo: planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Los sismos de 2017 mostraron que la falta de mantenimiento contribuye al mal comportamiento, con problemas como humedades y juntas obstruidas con cascajo.
“Todo esto lo hemos venido aprendiendo y lo hemos tratado de incorporar en las normas”, dijo. El investigador participó en el desarrollo de una ley de construcciones para la Ciudad de México, a partir de una solicitud de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno y actual presidenta de México. En ese proyecto colaboró también el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.
También habló sobre un proyecto de desalación de agua de mar mediante energía renovable, con el especialista Gerardo Uriarte, y algunas tecnologías se usaron en Los Cabos. Respecto al fracking, señaló que técnicamente es posible extraer gas, pero hay que analizar el balance entre recursos hídricos, tratamiento del agua e inversión. En México, las condiciones son distintas a Texas, con la necesidad de construir infraestructura; el costo tendría que ser asumido por el Estado, por ejemplo a través de Pemex, o trasladado a las empresas, afectando la competitividad.
Alcocer aclaró que no es especialista en fracking, pero sigue las discusiones en la Academia de Ingeniería, donde un grupo de 40 o 50 personas analiza el tema. Sobre la posibilidad de que el fracking genere sismos, explicó que Texas ha registrado movimientos asociados con la extracción de gas, pero “son temblores muy chiquititos que no afectan, pero digamos en términos de la preocupación que pueda generarse en la población, pues sí puede generar algunos temblores, pero son temblores de carácter muy local que habrá que considerar”, concluyó.
El investigador insistió en la necesidad de identificar los edificios con mayor probabilidad de sufrir daños y determinar cuáles pueden ser intervenidos de manera costoefectiva, para reducir el riesgo de colapso y pérdida de vidas. Para ello, se requieren políticas públicas a nivel de alcaldías y ciudades que incentiven a los propietarios a evaluar y rehabilitar sus inmuebles, considerando el costo de no intervenirlos, una lección que México aprendió con los sismos de 1985 y 2017.
