Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y defensora legal de Brenda Quevedo, ha señalado con firmeza que "se ha fabricado una historia" en el expediente penal contra su representada. La abogada cuestiona la vigencia de un caso que permanece abierto a pesar de que la etapa de instrucción concluyó hace once años, en 2014, y tras determinaciones de ilegalidad sobre parte de las pruebas utilizadas.
Fallas sistémicas y criminalización
El caso de Quevedo, quien enfrenta cargos por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace desde hace casi dos décadas, es descrito por sus defensores como un ejemplo paradigmático de las fallas del sistema judicial mexicano. Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora general de CEA Justicia Social y miembro de la Red de Solidaridad por Brenda, afirmó durante una entrevista con Aristegui en Vivo que este proceso debe ser estudiado en universidades de todo el país y Latinoamérica como un caso de criminalización de una mujer y violaciones sistemáticas a derechos humanos.
Guerrero explicó que los medios de comunicación contribuyeron a construir públicamente una versión de culpabilidad antes de que existiera un juicio justo, mientras se ocultaba que Quevedo había sido víctima de tortura. "Es el caso de cómo el Estado puede criminalizar a una mujer, cómo el sistema puede pasar por encima de los derechos de una persona por más de 19 años", declaró la defensora.
Pruebas ilegales y liberación de coacusados
Un punto central en la defensa es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el año pasado, mediante la cual fue liberada Juana Hilda González, otra imputada en el mismo expediente. La SCJN determinó que las pruebas contra González fueron obtenidas mediante tortura y eran, por tanto, ilegales.
Salas Ramírez consideró incomprensible que personas como Brenda Quevedo sigan procesadas o que otras hayan sido sentenciadas basándose en exactamente las mismas pruebas que la Corte ya declaró nulas. "Algo que resulta ser inentendible... es que haya personas que siguen procesadas, como es el caso de Brenda, que haya otras que incluso han sido sentenciadas, con base exactamente en estas mismas pruebas que ya la corte declaró como ilegales", sostuvo la abogada.
La defensa argumenta que la investigación original estuvo dirigida a mantener responsables a las personas señaladas inicialmente, en lugar de esclarecer los hechos reales. Según Salas Ramírez, las pruebas disponibles no establecen que Hugo Alberto Wallace haya sido secuestrada, torturada o asesinada, e incluso existen elementos públicos que apuntan a que podría estar viva.
Cambio en medidas cautelares y situación actual
Brenda Quevedo modificó sus medidas cautelares, pasando de cinco restricciones a tres: no puede salir del país, no acercarse a la supuesta víctima y firmar periódicamente. Esto le permite transitar en libertad dentro del territorio nacional, aunque el proceso penal continúa activo. Guerrero destacó que esta decisión reconoció roles y responsabilidades fuera del expediente, demostrando que la vida de Quevedo no se limita al juicio.
No obstante, la situación de otros implicados sigue siendo crítica. Dos hombres esperan la resolución de un juicio de amparo directo; uno permanece en prisión preventiva en Almoloya de Juárez sin haber logrado modificar su medida cautelar. Además, otras dos personas ya fueron sentenciadas y deben interponer recursos correspondientes.
La prolongación del proceso se atribuye a los recursos promovidos por la acusación, descritos por la defensa como absurdos y sin fundamento, cuyo objetivo sería impedir el cierre de la instrucción. Mientras tanto, organizaciones civiles documentan que alrededor del 20 por ciento de las mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 lleva más de dos años esperando sentencia, lo que refuerza la demanda de revisar estos casos para evitar injusticias similares.
