El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, formalizó una denuncia ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). En un mensaje publicado este lunes en la plataforma X, el dirigente priista solicitó a las autoridades estadounidenses que revisen si las actuaciones de los funcionarios electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga pueden ser sancionadas bajo la legislación conocida como Ley Magnitsky.
Búsqueda de sanciones bajo la Ley Magnitsky
A través de su cuenta oficial, Moreno Cárdenas detalló que el documento presentado busca que Washington evalúe la posibilidad de imponer sanciones económicas y restricciones de entrada al territorio estadounidense contra los señalados. Esta medida se fundamenta en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una normativa federal que permite a los Estados Unidos castigar a individuos involucrados en violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción significativa.
El líder del PRI afirmó que las acciones de los tres consejeros podrían estar vinculadas con presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción contemplados por dicha ley. Sin embargo, el comunicado difundido no especificó qué conducta concreta atribuye a cada uno de los funcionarios ni incluyó resoluciones previas de autoridades estadounidenses que determinaran la comisión de estas faltas sancionables.
Acusaciones de parcialidad política
Moreno Cárdenas argumentó que el órgano electoral mexicano opera "sometido y al servicio del gobierno", tomando decisiones que perjudican directamente a la oposición. El dirigente priista calificó esta situación como una afectación al régimen democrático y señaló que la libertad de expresión es el motivo principal de su denuncia internacional.
Para sustentar su reclamo, el senador citó como precedente el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, quien fue sancionado por Estados Unidos en julio de 2025. De acuerdo con Moreno, este antecedente demuestra que el gobierno norteamericano ha utilizado sus mecanismos de sanción previamente frente a conductas que considera graves afectaciones a la libertad de expresión en otros países.
Además de la acción legal en Washington, el priista lanzó acusaciones directas contra el partido Morena, vinculándolo con el crimen organizado, aunque no presentó elementos probatorios específicos para respaldar esa afirmación en la publicación. Concluyó su mensaje con la advertencia: "No nos van a callar, vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México... van a caer, tiempo al tiempo".
Estrategia legal múltiple del PRI
El presidente nacional del PRI informó que la denuncia ante Estados Unidos no será la única vía jurídica que utilizará su partido. Confirmó que ya han impugnado la decisión cuestionada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, anunció planes para presentar denuncias formales ante organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Moreno Cárdenas sostuvo que cualquier daño al régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y sancionado cuando corresponda. Esta estrategia busca amplificar la disputa electoral interna mediante instancias externas, buscando presión diplomática y legal sobre los consejeros del INE señalados.
