La dinámica comercial entre México y Estados Unidos ha cambiado radicalmente; ya no se trata de la aplicación estática de un tratado, sino de una negociación continua donde cada semana define la viabilidad del acceso preferencial. Según el columnista Ernesto Zavaleta, Washington ha transformado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) en una tarjeta de negociación flexible, utilizando amenazas arancelarias como mecanismo principal para obtener concesiones periódicas.
La estrategia de "seguridad económica" de Washington
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha identificado que México posee una asimetría estructural en la relación bilateral: Estados Unidos controla el mercado de consumo, mientras que México depende críticamente de vender sus productos allí. Esta dependencia permite a los negociadores estadounidenses introducir elementos de coerción que van más allá de las tarifas tradicionales. Un ejemplo reciente ilustra esta presión extrema: la declaración de un inspector estadunidense indicando que "no se siente seguro" en territorio mexicano, medida que tiene la capacidad legal y operativa para detener inmediatamente la exportación de miles de millones de dólares en productos clave, específicamente aguacate y limón michoacanos.
Esta táctica forma parte de lo que la Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos definen como "seguridad económica". El enfoque actual no se limita a discutir tasas arancelarias aisladas; abarca déficits comerciales, cadenas de suministro globales, reglas de origen estrictas, y sectores estratégicos como acero, aluminio, automóviles y agricultura. La premisa es clara: revisar el T-MEC vigente y alterar las condiciones bajo las cuales México se beneficia de él, buscando reducir el déficit comercial estadounidense mediante una mayor presencia de insumos locales y la exclusión de componentes chinos.
Paradoja del T-MEC: Escudo y objeto de revisión
Existe una contradicción fundamental en la posición actual. Por un lado, Washington afirma querer revisar o modificar sustancialmente el acuerdo comercial. Por otro, el propio T-MEC actúa como el instrumento que protege a gran parte de las mercancías mexicanas que cumplen con las reglas de origen, manteniéndolas fuera de aranceles punitivos más altos. El Gobierno mexicano insiste en que el tratado funciona como un escudo protector, preservando condiciones preferenciales para las empresas exportadoras.
Sin embargo, el estatus del tratado es precario. A partir del primero de julio, Estados Unidos dejó explícito que no renovó automáticamente el marco normativo sin condiciones, sino que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias. En términos metafóricos utilizados por la prensa especializada, el T-MEC no ha muerto, pero permanece en "terapia intensiva", con Donald Trump cuestionando activamente el costo de mantener dicha estabilidad financiera y comercial.
Diplomacia de excepciones y competitividad interna
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de equilibrar dos objetivos aparentemente contradictorios: defender la soberanía nacional y evitar una crisis económica derivada de una ruptura comercial. La estrategia observada sigue un patrón repetitivo anunciado por analistas como Marcelo Ebrard: primero se anuncia una tarifa alta, luego se abre la puerta a la negociación, posteriormente se ofrece una excepción condicional, y finalmente, ambas partes presentan el resultado como una victoria política. México celebra que el golpe arancelario haya sido menor a lo previsto, mientras Washington celebra la cesión obtenida durante las conversaciones.
Este ciclo efímero de celebración oculta riesgos estructurales profundos. Cada nuevo arancel impacta directamente en el empleo, la inversión extranjera directa, los precios internos y la competitividad general de la economía mexicana. Ambos países desean fomentar el nearshoring (relocalización de industrias cerca del mercado consumidor final), pero persiguen intereses divergentes: Estados Unidos busca fortalecer sus propias industrias y reducir la dependencia externa, mientras México aspira a consolidarse como plataforma manufacturera de Norteamérica, atrayendo inversión y manteniendo su acceso preferencial.
La verdadera interrogante para la política comercial mexicana no reside en si se logró evitar un arancel del 20, 25 o 30 por ciento, sino qué concesiones se están entregando a cambio de mantener el statu quo. Si cada amenaza arancelaria resulta en una concesión mexicana, la relación deja de ser una negociación comercial simétrica para convertirse en una política de presión permanente. Para sostenerse, México requiere mejorar su productividad, infraestructura, seguridad jurídica y desarrollo de cadenas de suministro nacionales capaces de competir globalmente sin depender exclusivamente de la benevolencia negociadora de Washington.
