El derechista Abelardo De la Espriella tomará posesión de la presidencia de Colombia el viernes 7 de agosto, marcando un cambio drástico en la política de seguridad nacional. A diferencia de su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro, quien impulsó una estrategia de "paz total", De la Espriella ha declarado explícitamente que "no vamos a hablar de paz, sino de seguridad". Esta transición se caracteriza por una confrontación frontal contra los grupos criminales, ante el aumento sostenido de la violencia armada y la extorsión en el país.
Cambio de sede y despliegue histórico
La ceremonia de investidura, tradicionalmente realizada frente al Congreso en Bogotá, será trasladada a Cali, en el suroeste del país. Esta decisión responde a la necesidad de destacar la seguridad en una región severamente afectada por choques entre bandas narcotraficantes y guerrillas. La ciudad recibirá uno de los mayores dispositivos de seguridad jamás vistos para este tipo de eventos, con aproximadamente 11,000 soldados y policías desplegándose en operaciones terrestres, aéreas y marítimas.
Este escenario de alta tensión coincide con datos alarmantes sobre la violencia reciente. Según la organización Indepaz, desde enero de 2026 se han registrado 78 masacres que dejaron 303 víctimas, la cifra más elevada para este periodo desde al menos 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Recientemente, un ataque con bomba atribuido a la guerrilla del ELN cerca de la frontera con Venezuela dejó 14 heridos días antes de la toma de posesión.
Incremento de delitos y fragmentación criminal
Las estadísticas oficiales revelan una evolución compleja en la delincuencia colombiana. El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que la tasa de homicidios aumentó marginalmente de 21.1 por cada 100,000 personas en 2024 a 25.9 en 2025. Sin embargo, otros delitos muestran tendencias más volátiles. La tasa de extorsión pasó de 19 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2022 a 26.2 en 2024, aunque experimentó una disminución a 23 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Glaeldys González, analista del Crisis Group para los Andes del Sur, explica que este crecimiento de la violencia está ligado a la fragmentación de los grupos armados. Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, añade que estos actores buscan consolidar el control territorial mediante la intimidación y alianzas con gobiernos locales, priorizando el dominio del narcotráfico y la minería ilegal.
Alianza con Estados Unidos y el Plan Colombia II
La llegada de De la Espriella, conocido como "El Tigre" y ciudadano colombiano-estadounidense identificado como republicano, implica un reavivamiento de los lazos con Washington. Tras cuatro años de tensiones durante la administración de Petro, Colombia aspira a reincorporarse a la alianza anticrimen "Escudo de las Américas", liderada por Donald Trump. Para ello, De la Espriella ha propuesto el "Plan Colombia II", una iniciativa que incluye bombardeos contra organizaciones ilegales con apoyo de Estados Unidos e Israel, erradicación de cultivos con herbicidas y el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio colombiano.
En su primer discurso como mandatario electo, De la Espriella advirtió: "No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley". Estableció un plazo hasta el viernes para que los miembros de las mafias se sometan a la justicia ordinaria, amenazando con "muerte o cárcel" en caso contrario.
Riesgos para los acuerdos de paz existentes
La nueva política representa una amenaza significativa para los mecanismos de justicia transicional vigentes. De la Espriella ha sido crítico con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar crímenes del conflicto armado anterior a diciembre de 2016, y ha indicado su intención de desmontarlo. Esto genera incertidumbre entre los exguerrilleros, especialmente considerando que más de 480 firmantes de paz fueron asesinados en la última década según la Defensoría del Pueblo.
No obstante, expertos como Vega y González señalan que es improbable un abandono total de la agenda de paz debido a las normas constitucionales que obligan a su implementación hasta al menos 2030. González advierte que el combate frontal enfrenta limitaciones técnicas, ya que los grupos criminales actuales cuentan con tecnología como drones y carecen del control aéreo estatal que existía hace dos décadas. Por el contrario, Vega mantiene una visión optimista, argumentando que el mayor presupuesto militar y la cooperación con agencias de inteligencia israelíes podrían resultar en un combate más efectivo contra el crimen organizado.
