El jueves 30 de julio de 2026, una semana antes de ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, realizó declaraciones públicas en las que instó al gobierno federal a extender la "Operación Enjambre" al estado. Las afirmaciones se registraron en un video difundido por el periódico local El Sur de Acapulco, donde Aguirre argumentaba que las autoridades municipales en diversos municipios de Guerrero estaban bajo la influencia del crimen organizado.
Solicitud de intervención federal y referencia a Omar García Harfuch
En el registro audiovisual, el expresidente estatal señaló que era crucial implementar el operativo interinstitucional utilizado previamente para desarticular redes de corrupción vinculadas con el crimen en el Estado de México y Morelos. Aguirre dirigió sus comentarios específicamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Civil de la Ciudad de México, destacando su experiencia previa en la entidad.
"No hay que olvidar que Omar García Harfuch conoce muy bien lo que está pasando en Guerrero", afirmó Aguirre. El exmandatario recordó que el funcionario encabezó varios operativos durante su gestión como gobernador: "Él lo vivió en carne propia. Por lo tanto, si se implementara el Operativo Enjambre, estoy seguro que daría magníficos resultados porque el actual secretario de Seguridad tiene muchos elementos y conoce al dedillo la situación que se vive en el estado".
Denuncias sobre control criminal y suspensión de obras
Durante la entrevista, el exgobernador detalló las consecuencias de la supuesta tutela delictiva sobre los ayuntamientos. Según el audio disponible, Aguirre explicó que parte de los programas gubernamentales, particularmente aquellos destinados a obras públicas, ya no se ejecutaban conforme a lo establecido legalmente. "Es del dominio público que un porcentaje se lo llevan ellos (los delincuentes)", declaró, calificando la situación como "muy grave" y "muy delicada".
Cuando un reportero preguntó si se requería una purga similar a la realizada en otras entidades, Aguirre cuestionó la ausencia de esta medida en su estado natal: "Pues ese programa que se implementó en Morelos y el Estado de México, la Operación Enjambre, yo no sé por qué no se ha aplicado en Guerrero". Durante estas declaraciones, en el fondo del video se escuchaba la canción "Highway to Hell" de la banda AC/DC.
Contexto de seguridad y antecedentes legales
La declaración de Aguirre ocurre en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en Guerrero. La entidad ha sido escenario de hechos violentos de alta visibilidad, incluyendo la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con líderes de grupos criminales, y el asesinato y decapitación de Alejandro Arcos, candidato opositor ganador en la misma ciudad.
Ángel Aguirre se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Está vinculado a proceso judicial por la presunta destrucción de videos relacionados con las desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa-Rusticantela ocurridas en septiembre de 2014. Curiosamente, otro exgobernador de oposición, Ernesto Ruffo de Baja California, también preside proceso en esa prisión.
Implicaciones para la búsqueda de verdad y justicia
Mientras persisten las especulaciones políticas sobre las motivaciones detrás de las detenciones recientes de figuras de la oposición, el foco permanece en la resolución del caso Ayotzinapa. Aguirre sostenía implícitamente que las pruebas audiovisuales que presuntamente ordenó destruir carecían de valor probatorio sustancial, dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —cuando aún era independiente— ya había dilucidado los hechos ocurridos frente al puente El Chipote.
No obstante, expertos y familiares continúan señalando que la clave para conocer el paradero real de los 43 jóvenes radica en el cumplimiento estricto de la recomendación de noviembre de 2018 emitida por la CNDH. Esta instrucción ordena enviar los 114 restos óseos recuperados del río San Juan y el basurero de Cocula a Innsbruck, Austria, para análisis científicos avanzados. Hasta la fecha, el incumplimiento de esta medida mantiene viva la esperanza de encontrar respuestas definitivas sobre el destino de los normalistas, más allá de la llamada "verdad histórica".
