La Fiscalía de Bolivia firmó este miércoles una orden de detención contra el expresidente Evo Morales, imputándole los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otras infracciones vinculadas a las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio de este año.
Detalles de la orden judicial
El fiscal Brayan Melgar rubricó el documento que también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La investigación señala que durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) llevaron a cabo bloqueos de carreteras con el respaldo de grupos afines al exmandatario, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz como única demanda.
Estos bloqueos provocaron un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país. El saldo fue de al menos 16 fallecidos, de los cuales trece perdieron la vida por falta de atención médica debido a los cortes de vías. La denuncia inicial fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Impacto de las movilizaciones
Las protestas, consideradas las más largas durante la administración de Paz, paralizaron el transporte y generaron una crisis humanitaria. Hospitales reportaron escasez de oxígeno y medicamentos, mientras que la producción y distribución de alimentos se vio severamente afectada. Organizaciones de derechos humanos documentaron múltiples incidentes de violencia durante los bloqueos.
Otros implicados en la orden
La orden legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos hechos. La Fiscalía ha girado órdenes de captura adicionales contra otros líderes sociales vinculados a las movilizaciones.
Reacción de Evo Morales
Morales reaccionó en su cuenta de X, denunciando persecución política: “Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, agregó el exmandatario. En su mensaje, reiteró su inocencia y afirmó que las acusaciones son parte de una estrategia gubernamental para desviar la atención de la crisis económica.
Contexto de la situación actual de Morales
El expresidente permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores para evitar que se cumpla otra orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas. En esa investigación se señala que Morales mantuvo una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún era presidente.
Con este nuevo proceso, la situación legal del exmandatario se complica aún más, mientras el país enfrenta una crisis política y económica que él mismo denuncia como telón de fondo de estas acusaciones. La orden de captura será ejecutada por la Policía Boliviana en coordinación con la Fiscalía, aunque Morales cuenta con una fuerte protección en su bastión.
