FIDH advierte malentendido de Sheinbaum sobre desapariciones forzadas en México
La reacción adversa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo hacia el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) es producto de un "malentendido" respecto al concepto de desapariciones forzadas, según Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En entrevista con Proceso, Reyes explicó que el gobierno mexicano parece pensar que reconocer estas desapariciones como crímenes de lesa humanidad equivale a declarar a México como un Estado fallido, lo cual es incorrecto.
La paradoja mexicana y la impunidad
Reyes destacó que México vive una paradoja: mientras existen instituciones que funcionan, elecciones democráticas y una economía en marcha, también hay actores no estatales, como el crimen organizado, que generan niveles de violencia comparables a un conflicto armado. "El Derecho penal internacional permite agrupar casos basados en patrones de temporalidad y modus operandi, rastreando la cadena de mando hacia los altos mandos", afirmó. Sin embargo, señaló que la impunidad persiste, con justicia limitada a menudo a autores materiales y no a los responsables superiores.
La FIDH fue la primera organización en solicitar al CED que activara su artículo 34 para México, lo que ocurrió el 2 de abril, pidiendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llevar el tema ante la Asamblea General. Esta petición, presentada en febrero de 2025, recibió apoyo de cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda en México. Reyes recordó que entregaron un documento argumentando el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas, con ejemplos como el Rancho Izaguirre en Jalisco.
Respuesta del gobierno y puntos de conflicto
Sobre la respuesta de Sheinbaum y su gobierno, que incluyó descalificaciones al informe del CED, Reyes comentó: "Se entiende la molestia, pero el tono del comité es amigable, es una muestra de querer apoyar". Reconoció la frustración de la presidenta, pero subrayó que el comité busca mayor eficiencia en la acción estatal, no criticar al gobierno actual por desapariciones pasadas. En un país con más de 132 mil personas desaparecidas en registros oficiales, es imposible negar la existencia de desapariciones forzadas, aunque el gobierno actual no sea su origen.
Reyes identificó dos puntos de encono del gobierno mexicano: la referencia al Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad, que está basada en el artículo 5 de la convención sobre desapariciones forzadas, y la confusión sobre la posibilidad de que actores no estatales, como el crimen organizado, cometan estos delitos. "La posición del Estado es sorprendente porque el artículo 2 de la convención establece claramente que personas o grupos pueden cometer desapariciones forzadas con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado", agregó.
Precedente internacional y necesidad de cambio
El informe del CED y su decisión de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU marcan un precedente importante para redefinir el concepto de desapariciones forzadas en contextos de violencia criminal, especialmente en América Latina. Reyes planteó que esto abre la oportunidad de discutir cómo combatir eficientemente al crimen organizado respetando los estándares internacionales de derechos humanos. Citó el ejemplo de Colombia, que reconoció hace décadas que grupos paramilitares y guerrillas cometieron crímenes de lesa humanidad, lo que impulsó reformas judiciales profundas.
"Esto es exactamente lo que nosotros, como FIDH, queríamos hacer en México: decir que la situación es muy grave y que necesita un cambio total de paradigma en la investigación de desapariciones forzadas", resaltó Reyes. Incluso sugirió que sería positivo llevar el tema ante la Corte Penal Internacional de La Haya, actualizando instrumentos del siglo XX para enfrentar a actores no estatales que son fuentes de violencia en el siglo XXI.
Negación y evolución
Reyes narró que desde el inicio del trabajo del CED en México en 2012, las cosas han evolucionado gracias a la sociedad civil, pasando de la negación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a un reconocimiento gradual del flagelo. Respecto a la reacción del gobierno de Sheinbaum, dijo: "Estamos ante una situación de negación, pero pienso que va a evolucionar". Mencionó que entre 2023 y 2025 se registraron 28 mil casos de desapariciones, y aunque no todas son forzadas, ejemplos como el de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco muestran la participación de servidores públicos.
Bermúdez Requena, nombrado por Adán Augusto López Hernández, fue capturado en Paraguay y enfrenta cargos por desaparición forzada, ilustrando la captura de estructuras estatales por el crimen organizado. Reyes enfatizó que el informe del CED no implica participación estatal en todas las desapariciones, pero muchas ocurren en contextos de corrupción, por lo que se solicita reconocer e investigar esta situación. La FIDH presentó pruebas de la participación de servidores públicos en desapariciones forzadas desde 2006, analizando casos en Coahuila, Nayarit y otros estados, identificando patrones como la colaboración entre policías y carteles.
