Desaparecidos en México: ¿Insensibilidad o perversidad gubernamental?
En un momento crítico, ya no está claro si el Gobierno federal actúa por simple insensibilidad o si su enfoque en el tema de los desaparecidos es genuinamente perverso. Tras un año de promesas de entregar un informe detallado sobre las desapariciones en México, la administración de Claudia Sheinbaum optó por presentarlo el viernes previo a las vacaciones de Semana Santa, conocido como el viernes de Dolores, un símbolo que las madres buscadoras utilizan para recordar su dolor. Esta elección de fecha ha sido interpretada como un intento de minimizar la atención pública sobre un asunto de extrema gravedad.
Un informe que minimiza la tragedia
El informe gubernamental reconoce que existe un registro de poco más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país. Sin embargo, siguiendo el patrón del gobierno anterior, segmenta estas cifras de manera cuestionable. Divide a los desaparecidos en tres categorías: aquellos con datos incompletos (36 mil), lo que pone en duda su estatus real; aquellos con algún registro de vida (40 mil), como vacunas o uso de identidad para trámites; y los considerados efectivamente desaparecidos (43 mil). Esta segmentación busca reducir la magnitud del problema y evadir la responsabilidad de las instituciones estatales, que en muchos casos han sido omisas o incluso cómplices.
Suponiendo que solo fueran 43 mil y no 130 mil los desaparecidos, esta sigue siendo una tragedia de proporciones enormes. El informe mañosamente sitúa el inicio del fenómeno en 2006, vinculándolo a la administración de Felipe Calderón, ignorando que el problema se ha incrementado exponencialmente desde 2016 debido a cambios en estrategias de reclutamiento y limpieza de enemigos, como las famosas barredoras, un término que podría resonar con figuras como Adán Augusto López.
La falacia de los registros incompletos
El hecho de que una persona tenga un registro insuficiente no significa que no esté desaparecida. Podría tratarse de un registro falso o mal completado, y es deber del Estado investigar cada caso a fondo. No se puede dar de baja a estas personas como si fuera un mero trámite burocrático. La pregunta fundamental que debe hacerse el Estado con estos 36 mil registros es si hay alguien buscándolos activamente. Mientras existan familiares en búsqueda, deben ser considerados como desaparecidos, sin importar las lagunas en los datos.
Desaparecidos vivos: una realidad ignorada
Desde hace al menos siete años, se sabe que hay desaparecidos que están vivos. La existencia de registros de vida, como vacunas o compras con tarjetas de débito, no implica que no estén desaparecidos. Muchos podrían haber sido secuestrados o forzados a trabajos bajo coacción, mientras que en otros casos, su identidad podría estar siendo utilizada para actividades delictivas. Nuevamente, si hay familiares buscándolos, el Estado debe reconocerlos como desaparecidos y actuar en consecuencia.
Un gobierno carente de empatía
Reconocer solo 43 mil personas como efectivamente desaparecidas y presentarlo como un triunfo, en lugar de una tragedia, refleja una alarmante falta de empatía hacia el dolor de las familias afectadas. Mientras no se comprenda que la desaparición es una de las expresiones más graves de la violencia letal en México, el problema no se resolverá y el dolor de decenas de miles de familias seguirá perpetuándose. Esto ya no es solo insensibilidad; bordea lo perverso, al priorizar la imagen gubernamental sobre la justicia y la dignidad humana.
La desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana, y abordarla requiere de un compromiso genuino y transparente, lejos de manipulaciones estadísticas y fechas estratégicas que buscan opacar la realidad.
