Juzgado federal ordena al Ejército entregar más de 800 folios sobre caso Ayotzinapa
Juzgado ordena a Ejército entregar folios sobre Ayotzinapa

Orden judicial exige transparencia militar en caso Ayotzinapa

Un juzgado federal ha emitido una resolución histórica que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar 853 folios de inteligencia militar relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Detalles de la resolución judicial

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en su fallo del 19 de febrero, instruyó al Ejército mexicano "entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia 'Centro' (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia".

Según las organizaciones que representan a los familiares -Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez- fue el propio juzgado quien estimó en 853 los folios que la Sedena se ha negado a entregar.

Fundamentos legales y contexto

El fallo considera que el acceso irrestricto a esta documentación "debe facilitarse para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad" sobre el destino de los 43 normalistas, especialmente ante el derrumbe de la "verdad histórica" que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

La sentencia se originó de una demanda de amparo presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los desaparecidos, quienes reclamaban "la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014", incumpliendo así el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Antecedentes de opacidad militar

Las organizaciones señalaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había documentado en su sexto informe que:

  • Tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014
  • Los folios proporcionados estaban incompletos
  • Existía documentación faltante y ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense
  • El contenido de estos documentos podría ser relevante para entender el contexto de criminalidad de Iguala

Fallas institucionales y obstáculos

Las familias de las víctimas tuvieron que recurrir a la justicia federal tras la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada en diciembre de 2018, que "dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de investigación".

Además, la indagatoria a cargo de la Unidad de Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República "quedó supeditada a los tiempos políticos" y se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses.

Repercusiones internacionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de seguimiento alertó que "los avances en el caso se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información de la Sedena", puntualizando que este litigio pudo haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades.

Implicaciones de la nueva resolución

La sentencia judicial reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y, por ende, la obligación de la Sedena de entregar toda la información relacionada. La información que la dependencia está obligada a entregar no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso Ayotzinapa.

A más de 11 años de la desaparición forzada, el caso sigue sin esclarecerse, lo que ha llevado a los familiares de los jóvenes a continuar litigando a nivel nacional e internacional, "frente a los obstáculos que persisten en la investigación, particularmente ante la negativa de la Sedena de entregar de manera completa e inmediata la información faltante".