Gobierno federal decreta polo de economía circular en San José Chiapa pese a rechazo de pobladores
Decretan polo de economía circular en San José Chiapa contra voluntad de habitantes

Gobierno federal impone polo de economía circular en San José Chiapa contra la voluntad de sus habitantes

Pese al firme rechazo expresado por los pobladores de San José Chiapa, Puebla, el gobierno federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara a este municipio como sede de un proyecto de economía circular para el reciclaje de basura. La decisión se tomó a pesar de que los habitantes enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando que no se instalara el proyecto en su localidad.

La oposición de los pobladores y sus argumentos

Los ejidatarios de la región, organizados en la Red Colaborativa Paisajes de San José Chiapa, expusieron en su escrito con fecha del 22 de enero la grave problemática que enfrentan en la Cuenca Oriental. Señalan que están asediados por empresarios inmobiliarios y "acaparadores locales y foráneos" que buscan comprar sus tierras a precios impuestos, aprovechando la cercanía con la armadora de autos alemana Audi.

Los habitantes alertan que esta situación pone en peligro zonas de vocación agrícola y de recarga hídrica para los municipios que conforman esa cuenca, debido a la falta de alternativas y al abandono estructural y sistémico del campo. En su carta, pidieron auxilio urgente para elaborar un plan de emergencia y un programa permanente que apoye a los ejidatarios a rescatar sus parcelas y conservar el área como zona natural de recarga hídrica.

Preocupaciones ambientales históricas

Los pobladores recordaron que existe un decreto de veda de la Cuenca Oriental desde 1954, pero este ha sido violado repetidamente al otorgar concesiones a granjas porcinas, industria automotriz y viveros de producción industrial. Además, advirtieron sobre la naturaleza única del agua en la región:

  • El agua que se extrae en esa cuenca proviene de antiguos deshielos de los volcanes
  • Son glaciares subterráneos que "no se recuperarán nunca"
  • Rechazan la visión de convertir el bien común ambiental para fines privados

Sobre el proyecto de economía circular, los habitantes expresaron su rechazo categórico: "No aceptamos el proyecto de economía circular de reciclaje de basura que tiene un nombre aparentemente inocuo, pero sabemos que al operar en la realidad habrá productos del reciclaje que no podrían procesarse sin dejar de ser veneno contaminante sobre nuestro territorio".

El decreto federal y la defensa del proyecto

A pesar de estas advertencias, el lunes fue publicado en el DOF el acuerdo firmado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. El decreto establece que el nuevo polo de economía circular abarcará más de 40 hectáreas de San José Chiapa, destinadas a actividades de reciclaje, reutilización de materiales, aprovechamiento energético de residuos y reducción de desechos.

Cabe destacar que este proyecto estaba contemplado inicialmente para ubicarse en el estado de Hidalgo, pero fue rechazado por los pobladores en una consulta ciudadana. En el decreto publicado se puntualiza que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas determinó que dentro de la superficie poblana declarada para este proyecto no se ubican localidades indígenas.

La postura del gobierno estatal

El gobernador Alejandro Armenta defendió el proyecto asegurando que se trata de modelos en los que se separan desechos orgánicos e inorgánicos, y que la parte que no se puede reutilizar se quema en hornos "que no contaminan", similares a los que utiliza Cemex y otras industrias.

Armenta expresó frustración ante la oposición: "Ya lo dijo la presidenta de la República acá en Puebla, pero cuando a una persona le explicas eso y te dice no, son las 12 pero dice que es media noche, pues ya, ahí si ya no podemos nosotros, contra la necedad no podemos, respetamos, pero tampoco nos vamos a cruzar de brazos".

Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre los proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno y las preocupaciones legítimas de las comunidades locales sobre la preservación de sus recursos naturales y su modo de vida tradicional.