Relator de la ONU concluye visita oficial evaluando gestión ambiental y derechos humanos en México
El relator especial de las Naciones Unidas, Marcos A. Orellana, ha finalizado su segunda visita oficial a México tras un recorrido de casi dos semanas, durante las cuales evaluó de manera exhaustiva las acciones del país en el manejo de sustancias y desechos peligrosos y su impacto directo en los derechos humanos fundamentales. La visita oficial se desarrolló del 9 al 20 de marzo de 2026, un periodo intensivo de trabajo en el que el experto sostuvo numerosas reuniones con autoridades federales, representantes de los tres poderes del Estado, organismos autónomos y diversos sectores sociales, con el objetivo claro de revisar tanto los avances significativos como los pendientes críticos en esta materia tan sensible.
Un diálogo amplio y recorridos en campo
Durante su estancia en territorio mexicano, Orellana mantuvo encuentros productivos con más de 15 dependencias del Gobierno federal, además de establecer diálogos constructivos con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con legisladores clave de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Pero su labor no se limitó a las salas de reunión; el relator realizó importantes recorridos en campo por varios estados de la República, incluyendo Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. En estos lugares, recogió testimonios valiosos de autoridades locales, académicos especializados, organizaciones de la sociedad civil, comunidades directamente afectadas y representantes del sector privado, obteniendo así una visión panorámica y profunda de la realidad nacional.
Conclusiones preliminares: fortalezas y desafíos
Al presentar sus conclusiones preliminares, el relator especial destacó con énfasis el papel protagónico de México dentro del sistema internacional de derechos humanos y reconoció expresamente la disposición constante del país para colaborar de manera abierta con los mecanismos de la ONU. Subrayó, además, la notable solidez del marco jurídico ambiental mexicano, que incluye leyes fundamentales como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la innovadora Ley de Economía Circular, esta última vigente desde inicios del presente año. También señaló la importancia trascendental del reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano, un avance legislativo de gran calado.
Orellana resaltó de manera particular el papel crucial del Poder Judicial en garantizar el acceso efectivo a la justicia para comunidades históricamente afectadas por contaminación ambiental. Sin embargo, advirtió con claridad que persisten retos importantes y complejos en zonas con alto deterioro ambiental, donde las vulnerabilidades sociales y ecológicas se entrelazan. En este contexto, mencionó específicamente la situación crítica de cuencas emblemáticas como las de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, donde, a pesar de algunos esfuerzos, se mantienen problemas graves de contaminación y se desarrollan acciones de saneamiento que requieren mayor impulso y coordinación.
Un mandato internacional y próximos pasos
El relator forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mandato creado en 1995 y renovado recientemente, que busca identificar tanto buenas prácticas replicables como desafíos estructurales en la gestión global de sustancias peligrosas. Como parte integral de este proceso, Orellana presentará un informe formal detallado con observaciones técnicas y recomendaciones específicas sobre México en el segundo semestre del año, documento que servirá como hoja de ruta para futuras acciones.
Por su parte, el Gobierno mexicano reiteró, a través de sus representantes, su firme disposición de mantener un diálogo permanente y constructivo con los organismos internacionales y continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia ambiental y de derechos humanos, reconociendo que este camino requiere esfuerzos sostenidos y colaboración multisectorial.
