México: La verdadera crisis es de protección, no migratoria
En México, frecuentemente se habla de "crisis migratoria" como si el problema fundamental fuera el movimiento de personas. Sin embargo, esta perspectiva oculta la realidad más profunda: la migración no es la causa, sino la consecuencia visible de una crisis de protección sostenida que afecta a miles de familias mexicanas.
Las raíces del desplazamiento forzado
Lo que realmente enfrenta el país es una emergencia humanitaria donde la violencia generalizada, la impunidad estructural, la pobreza persistente, los efectos del cambio climático y la ausencia de oportunidades obligan a miles de hogares a abandonar sus comunidades. México se ha convertido simultáneamente en país de origen, tránsito, destino y retorno, creando una compleja red de movilidad humana.
En este escenario convergen dos fenómenos críticos: el desplazamiento forzado interno de personas mexicanas que huyen de sus propias comunidades y la llegada de población extranjera buscando asilo o protección internacional. A esta situación se suman miles de personas varadas en ciudades fronterizas durante meses o incluso años, esperando resoluciones migratorias que nunca llegan, o que regresan sin haber alcanzado su destino original.
Cifras alarmantes de desplazamiento interno
El desplazamiento forzado interno ha experimentado un incremento alarmante en México. Según el informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024 elaborado por el ACNUR, durante 2024 se registraron al menos 28,900 nuevos desplazamientos internos, lo que representa un aumento del 129% respecto a 2023.
El documento advierte además que la cifra acumulada de personas desplazadas internas por violencia en el país supera las 390,000, una estimación consistente con los registros del Internal Displacement Monitoring Centre. Esta situación se agrava ante la ausencia de un registro oficial nacional consolidado que documente adecuadamente la magnitud real del fenómeno.
Pero incluso estas cifras oficiales se quedan cortas frente a la realidad: el desplazamiento en México suele ser silencioso, fragmentado y no registrado. Muchas familias deciden abandonar sus hogares incluso antes de que ocurra un hecho violento específico, como medida preventiva ante amenazas latentes. Se van para no esperar a que la violencia se concrete, transformando el miedo en un elemento cotidiano que hace imposible permanecer en sus comunidades.
El sistema de asilo bajo presión extrema
Paralelamente al desplazamiento interno, el sistema de asilo en México enfrenta un cuello de botella crítico. En 2024 se registraron casi 80,000 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), manteniendo al país entre los 10 con más peticiones a nivel mundial.
Esta alta demanda, combinada con limitaciones presupuestales severas y capacidad operativa insuficiente, ha generado demoras prolongadas en la atención y resolución de casos. La espera extendida se convierte en una forma adicional de vulnerabilidad para las personas solicitantes y quienes buscan protección internacional, creando un limbo jurídico que erosiona derechos y dignidad.
Geografía del desamparo
La crisis se manifiesta de manera diferenciada en el territorio nacional:
- En el sur del país, ciudades como Tapachula concentran a miles de personas que permanecen meses o incluso años sin documentos, sin empleo formal y con servicios públicos saturados hasta el colapso.
- En el norte, Tijuana o Reynosa enfrentan dinámicas atravesadas por secuestro, extorsión y control territorial de grupos criminales que explotan la vulnerabilidad de las personas en movilidad.
- En la Ciudad de México, aunque existe mayor oferta institucional, persisten obstáculos como la discriminación sistémica, la saturación de servicios y las dificultades para acceder a derechos básicos.
En todo el país, la falta de documentación funciona como una barrera que lo condiciona todo: sin papeles no hay empleo formal, ni acceso pleno a servicios de salud, ni continuidad educativa garantizada. Sin reconocimiento legal, muchas personas desplazadas internas quedan fuera de políticas públicas específicas diseñadas para atender sus necesidades.
Los niños: las víctimas más vulnerables
En medio de esta crisis humanitaria, las niñas, niños y adolescentes no son un grupo más: son quienes enfrentan los impactos más profundos y duraderos. Para ellos, el desplazamiento forzado no es solo cambiar de casa: es perder la escuela, las amistades y las redes que sostienen la vida cotidiana.
El proceso educativo se interrumpe en etapas decisivas del desarrollo, obligándolos a adaptarse a entornos inseguros donde la violencia, la explotación o el reclutamiento forzado no son amenazas abstractas, sino riesgos concretos:
- Adolescentes entre 13 y 17 años están particularmente expuestos al reclutamiento por grupos criminales. Muchas familias deciden huir precisamente para evitar que sus hijas o hijos sean forzados a integrarse a dinámicas violentas.
- Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual y explotación, agravados por la falta de documentación y la movilidad constante.
- Las mujeres y las personas LGBTIQ+ viven altos niveles de violencia basada en género y discriminación, especialmente en contextos de tránsito y asentamientos informales.
Impacto en la salud mental
El impacto en la salud mental representa otro rostro devastador de esta crisis. Organizaciones como Save the Children han observado un aumento sostenido en la demanda de atención psicológica y acompañamiento psicosocial entre la población infantil en movilidad.
El estrés prolongado, la incertidumbre jurídica y el miedo constante a la violencia dejan huellas profundas, especialmente en la niñez. No se trata solo de experiencias traumáticas vividas en el lugar de origen, sino también del desgaste emocional que produce la espera interminable y la falta de certezas sobre el futuro.
Respuestas insuficientes ante necesidades crecientes
Las necesidades humanitarias no disminuyen; por el contrario, se transforman y en muchos casos aumentan exponencialmente. Sin embargo, la capacidad de respuesta institucional no crece al mismo ritmo. Los recortes presupuestales al financiamiento humanitario —incluidos los fondos destinados a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención directa— obligan a priorizar intervenciones esenciales en un contexto donde la demanda supera con creces los recursos disponibles.
Esta brecha entre necesidades y respuesta no solo afecta a quienes se desplazan. También impacta severamente a las comunidades receptoras, que comparten entornos de inseguridad y servicios limitados. Cuando no existen políticas públicas robustas y coordinadas, la tensión social aumenta y la cohesión comunitaria se debilita progresivamente.
El trabajo de Save the Children en terreno
Save the Children ha aprendido que hablar de movilidad sin hablar de niñez es dejar fuera el corazón del problema. Por esta razón, su trabajo se enfoca en mantener servicios esenciales de protección infantil, salud, nutrición y apoyo psicosocial en ciudades clave del sur, centro y norte del país.
Esta labor incluye múltiples dimensiones:
- Acompañar casos individuales de niñas y niños en riesgo extremo
- Crear espacios seguros móviles donde puedan jugar y recuperar cierta normalidad
- Brindar orientación legal a familias que enfrentan un laberinto administrativo
- Ofrecer asistencia en efectivo multipropósito que permite a las familias decidir cómo cubrir sus necesidades más urgentes
- Entregar kits de higiene, alimentación, educación, salud menstrual y protección para familias desplazadas
En contextos de desplazamiento, donde cada familia enfrenta realidades distintas, este tipo de apoyo devuelve algo esencial: la capacidad de elegir. Los insumos básicos pueden marcar la diferencia entre la supervivencia precaria y condiciones mínimas de dignidad.
Reconocer la complejidad humana
Es fácil caer en narrativas simplificadoras que reducen la migración a decisiones individuales o cálculos económicos. Pero cuando se escuchan las historias completas, se entiende otra realidad: muchas personas migran porque quedarse significa arriesgar la vida.
Migrar significa dejar atrás el hogar, la lengua, los afectos y los recuerdos. Supone aceptar la incertidumbre como compañera de viaje y enfrentarse a peligros en el camino, así como a la posibilidad de no ser recibido con dignidad. Para quienes se desplazan dentro del país, el dolor no es menor: huir de la propia comunidad, sabiendo que quizá no se podrá regresar, también fractura identidades profundamente arraigadas.
Un llamado a la acción integral
México no enfrenta una crisis localizada ni temporal. Enfrenta una crisis de protección que exige respuestas coordinadas, sostenidas y centradas en derechos humanos. Entre las medidas urgentes necesarias se encuentran:
- Fortalecer el sistema de asilo para reducir tiempos de espera
- Reconocer formalmente el desplazamiento interno como fenómeno específico
- Aglizar los procesos de documentación para personas en movilidad
- Ampliar servicios de salud mental especializados
- Garantizar continuidad educativa para niñas y niños en movilidad
Pero también se necesita algo más profundo: cambiar la conversación nacional. La pregunta no es si la migración continuará —continuará mientras existan las condiciones que la generan—. La pregunta fundamental es cómo decidimos responder como sociedad: con indiferencia o con humanidad, con prejuicios o con evidencia, con políticas de contención o con soluciones basadas en derechos.
Si esta crisis de protección sigue sin una respuesta integral y sostenida, el riesgo es normalizar el desplazamiento silencioso y perpetuar generaciones con rezagos educativos, afectaciones psicosociales severas y oportunidades de vida truncadas desde la infancia.
