Un grupo de alrededor de un centenar de economistas y representantes del sector empresarial, provenientes de instituciones como la UNAM, el CIDE, la UAM y el Tecnológico de Monterrey, elaboró una agenda de propuestas para acelerar el crecimiento económico de México, que será entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso. El documento, desarrollado durante cerca de seis meses, incluye recomendaciones en materia de inversión, espacio fiscal, innovación, bienestar, desarrollo regional y apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes).
La entrega se da a menos de un mes de que la SHCP presente el Paquete Económico 2027 al Congreso, el 8 de septiembre. En los Pre-Criterios publicados en abril, la dependencia anticipó un crecimiento de entre 1.9% y 2.9% para el próximo año. Las propuestas serán turnadas a la SHCP y a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Economía del Congreso.
Origen del ejercicio y diagnóstico compartido
El ejercicio surgió tras la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el 17 de enero con un grupo de economistas para analizar por qué la economía mexicana no logra acelerar de manera sostenida. En aquel encuentro se identificaron como principales obstáculos la baja inversión pública y privada, el acceso al financiamiento, la política industrial, la incertidumbre relacionada con Estados Unidos y la revisión del T-MEC.
Gabriela Dutrénit, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el trabajo se dividió en seis mesas temáticas: entorno internacional y agenda de desarrollo; incertidumbre, instituciones y ambiente de negocios; fortalecimiento del espacio fiscal e inversión; innovación para el crecimiento; articulación regional, bienestar y desarrollo social; e impulso a las pymes.
Inversión, el motor que México necesita recuperar
Mariana Rangel, directora nacional de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, planteó que México necesita fortalecer su capacidad institucional para atraer y aterrizar inversiones, con una estrategia que no se limite al ámbito federal y que incorpore las capacidades y necesidades de estados y regiones. Entre las propuestas destaca la creación de un órgano especializado en atracción de inversiones, capaz de coordinar esfuerzos y dar seguimiento a los proyectos con una perspectiva regional y local, para aprovechar mejor las oportunidades de relocalización productiva y evitar que el capital se concentre solo en las entidades con infraestructura, energía, agua y cadenas de proveedores desarrolladas.
Juan Carlos Moreno-Brid puso la inversión en el centro del diagnóstico. El académico advirtió que México necesita elevar tanto la inversión pública como la privada para generar capacidad productiva y sostener tasas más altas de crecimiento. Señaló que las decisiones de inversión enfrentan un entorno de incertidumbre que lleva a las empresas a esperar antes de comprometer recursos. “Si hay algo que no le gusta a la inversión es la incertidumbre”, sostuvo durante la presentación.
Moreno-Brid argumentó que algunos motores que apoyaron la expansión del ingreso en los últimos años tienen menos margen para seguir desempeñando el mismo papel, como los incrementos al salario mínimo y las transferencias públicas, ante las restricciones que impone una baja recaudación. El desafío, dijo, es generar condiciones para que la inversión amplíe la capacidad productiva del país. El gobierno puede recaudar y decidir el destino de los recursos públicos, pero no puede determinar cuándo, dónde y cuánto invertirá el sector privado.
El déficit obliga a replantear el espacio fiscal
Héctor Villarreal, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el esquema fiscal mexicano necesita un replanteamiento ante un déficit que ya presenta características estructurales, mayores presiones sobre el gasto público y un margen cada vez más estrecho para solucionar los desequilibrios mediante recortes o subejercicios. Entre las propuestas discutidas están revisar el gasto en pensiones, ampliar las fuentes de ingresos públicos, mejorar la calidad del gasto y fortalecer la responsabilidad recaudatoria de los gobiernos estatales.
Los especialistas también plantearon que la participación privada en infraestructura debe utilizarse con criterios de viabilidad y no como una forma automática de sustituir la falta de espacio presupuestario del gobierno. Las propuestas llegan cuando Hacienda busca avanzar en la reducción del déficit fiscal, situación que ya provocó reacciones de las calificadoras crediticias. Esa tensión será clave en el Paquete Económico 2027: encontrar recursos para inversión, infraestructura y servicios públicos mientras se mantiene el compromiso de contener el endeudamiento.
Innovación con horizonte de largo plazo
La agenda también coloca a la innovación como una condición para elevar la productividad. Dutrénit planteó la necesidad de incrementar tanto el financiamiento público como el privado destinado a investigación, desarrollo e innovación, además de generar incentivos para que las empresas eleven su participación. De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, el gasto privado en este rubro alcanza, en el mejor de los casos, alrededor de 0.25% del PIB, proporción insuficiente para convertir el desarrollo tecnológico en uno de los motores de crecimiento del país.
Entre las propuestas se encuentra establecer incentivos fiscales ligados a la inversión realizada, crear un fondo para inteligencia artificial aplicada acompañado de un consejo consultivo y construir una estrategia que trascienda los ciclos políticos de corto plazo. La apuesta, señalaron los especialistas, debe pasar de planes de tres años a horizontes de varias décadas, para que México pueda desarrollar capacidades tecnológicas propias y vincularlas con su política industrial.
Bienestar también puede elevar la productividad
Fausto Hernández abordó el crecimiento desde el capital humano y el bienestar. Sostuvo que el gasto social no debe analizarse únicamente desde su dimensión redistributiva, sino también por sus efectos sobre la productividad. Una mayor inversión en salud, por ejemplo, puede mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias y traducirse en una mayor capacidad productiva.
El planteamiento busca conectar dos objetivos que con frecuencia se discuten por separado: elevar el crecimiento económico y mantener los avances sociales. El objetivo del grupo, explicaron los organizadores, es combinar una mayor distribución del ingreso con una economía que crezca a una tasa más elevada, de manera sostenible, incluyente y con mayor equilibrio entre regiones.
Las pymes, entre informalidad y falta de crédito
Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), llevó el debate hacia las pequeñas y medianas empresas. Uno de los principales obstáculos es la informalidad: alrededor de dos de cada tres pymes operan fuera de la formalidad, lo que restringe su acceso al crédito, reduce sus posibilidades de crecer y dificulta su incorporación a cadenas productivas de mayor valor agregado.
Las propuestas incluyen simplificar los procesos de formalización, ampliar el acceso al financiamiento y la capacitación, y conectar a las empresas pequeñas con compañías exportadoras y cadenas globales de valor. Desde el sector empresarial también apareció nuevamente el problema de la certidumbre. Aguilar señaló que los cambios recurrentes en las reglas provocan periodos de adaptación en los que algunas decisiones de inversión se posponen mientras las empresas determinan cómo funcionará el nuevo marco institucional. “Sin duda, la inversión está detenida en cierto modo porque se está esperando a ver cómo funcionan las cosas”, dijo, al considerar que señales de mayor claridad por parte del gobierno podrían ayudar a movilizar proyectos.
Las propuestas serán entregadas formalmente a la SHCP y al Congreso, y se espera que influyan en la elaboración del Paquete Económico 2027, que deberá equilibrar la reducción del déficit con la necesidad de impulsar la inversión y el crecimiento.
