Denuncian penalmente a exalcalde de Miguel Hidalgo por presuntos actos de corrupción
La alcaldía Miguel Hidalgo ha interpuesto una denuncia penal formal ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos en contra de Víctor Hugo Romo, quien fungió como alcalde de esa demarcación entre los años 2018 y 2021, y contra su ex director jurídico. La acusación central se centra en actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones relacionados con la autorización irregular de una demolición.
Demolición sin permisos en predio bajo acuerdo de reconstrucción
Según los documentos presentados, los exfuncionarios habrían permitido la demolición, sin los permisos correspondientes, de una obra ubicada en el predio Moliere 88. Este inmueble se encuentra específicamente bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción derivado del sismo de 2017, lo que añade gravedad al caso.
La Comisión para la Reconstrucción había indicado claramente en 2019 que la obra debía cumplir con una serie de requisitos obligatorios:
- Licencia especial para la intervención
- Programa de demolición del predio aprobado
- Póliza de responsabilidad civil de daños a terceros vigente
- Programa interno de protección civil autorizado
Sin embargo, no existe ningún expediente en los archivos de la alcaldía que demuestre que Romo y su director ejecutivo exigieron estos documentos al desarrollador inmobiliario responsable. Esta omisión permitió que se realizaran trabajos de demolición sin la licencia requerida, la cual es un requisito previo fundamental para cualquier intervención en un inmueble.
Conocimiento de las regulaciones y omisión deliberada
La denuncia destaca que el entonces alcalde por Morena tenía pleno conocimiento de que el Acuerdo de Facilidades Administrativas, vigente en 2019, únicamente otorgaba exenciones fiscales al interesado, pero no lo eximía de obtener todas las licencias, permisos y autorizaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.
Además, se revela un hecho particularmente preocupante: en 2020 se emitió una orden para visitar la obra en cuestión, pero se dejó pasar el plazo legal para su ejecución, lo que provocó que caducara. Esta negligencia permitió que el desarrollador no fuera sancionado en su momento por la demolición ilegal realizada.
Consecuencias legales y acciones actuales
El actual gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo ya ha tomado medidas concretas, incluyendo la clausura de la obra edificada que incumplió la normativa. Con respecto a la denuncia penal, si los exfuncionarios son encontrados culpables de ejercicio abusivo de funciones, podrían enfrentar penas de cinco a veinte años de prisión según el Código Penal local.
Esta pena podría incrementarse significativamente en dos terceras partes si se logra acreditar la comisión de actos de corrupción durante el proceso. El caso representa un ejemplo más de los desafíos que enfrenta la administración pública en materia de transparencia y cumplimiento normativo.
