Reforma de pensiones doradas excluye a la clase trabajadora, aclara presidenta del Senado
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, ha emitido una aclaración crucial sobre la reciente reforma al artículo 127 constitucional que aborda las denominadas "pensiones doradas". En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la legisladora enfatizó que esta modificación legal no aplicará para la clase trabajadora en general, sino que está dirigida específicamente a exfuncionarios que ocuparon cargos de confianza en diversas entidades públicas.
Alcance limitado a exfuncionarios de confianza
Castillo detalló que la reforma afecta únicamente a jubilados o pensionados que fueron personal de confianza en organismos como:
- Empresas públicas del Estado
- Sociedades nacionales de crédito
- Empresas de participación estatal mayoritaria
- Fideicomisos públicos de entidades paraestatales
Todas estas instituciones pertenecen al gobierno federal. La presidenta del Senado subrayó que el objetivo principal de la reforma es establecer un límite máximo de 70 mil pesos mensuales para las pensiones de estos exfuncionarios, cantidad que representa aproximadamente la mitad del salario que percibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Aprobación unánime en el Senado
La semana pasada, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad esta reforma constitucional que busca poner freno a las jubilaciones y pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos. La medida ha generado un amplio debate público sobre el uso de los recursos públicos y la justicia en el sistema de pensiones.
En su explicación, Castillo utilizó un lenguaje accesible para informar a la ciudadanía, destacando que la reforma "pone un límite y evita pagos excesivos para que los recursos públicos se usen con justicia". La legisladora reiteró que los trabajadores de base y aquellos que no ocuparon cargos de confianza en las entidades mencionadas no verán afectadas sus pensiones por esta reforma.
Esta aclaración llega en un momento de intenso escrutinio sobre las pensiones en empresas estatales como Pemex y CFE, así como en bancos estatales, donde se han documentado casos de jubilaciones que superan el millón de pesos. La reforma constitucional representa un paso significativo en la política de austeridad y transparencia del actual gobierno.
