La falacia de la Presidenta: Abaratar Congresos, ¿solución o error?
La Presidenta Claudia Sheinbaum comienza a mostrar similitudes preocupantes con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al confundir un problema con su supuesta solución. Lo más alarmante no es esta coincidencia, sino que se esperaba que su gobierno, denominado del segundo piso, se caracterizara por un mayor rigor técnico y menos improvisación en sus políticas.
La disparidad en los gastos legislativos
Es cierto que existe una anomalía evidente cuando un Congreso estatal cuesta hasta seis veces más que otro. Por ejemplo, en gasto anual por legislador, Baja California destina 34 millones de pesos, mientras que Colima solo 5 millones. Esta discrepancia fue destacada recientemente en una conferencia matutina, generando incomodidad entre los representantes de entidades con menores presupuestos.
Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum para homologar estos gastos a nivel nacional, presentada como parte de un Plan B desde Palacio Nacional, parece apresurada y contradictoria. Ayer, el Gobierno insistía en que todo esto era para mejorar la calidad de la representación popular, pero ahora pretende que el Congreso de la Unión actúe como un simple ejecutor de decisiones, lo que socava la autonomía legislativa.
El caso de Jalisco: Un ejemplo de obesidad burocrática
Si el Gobierno federal realmente desea emprender un esfuerzo de austeridad y mejora parlamentaria, debería analizar caso por caso. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de hace tres años reveló que el Congreso de Jalisco tiene un exceso de 600 empleados administrativos, casi el 100% de sobrepoblación. Este organismo estatal contaba con más personal que el Congreso de Chile, y su nómina incluía disparidades salariales extremas, como personas con estudios de primaria ganando 30 mil pesos mensuales, mientras otras con plazas similares recibían desde 118 mil hasta 684 mil pesos anuales.
Durante lustros, todos los partidos políticos en Jalisco, no solo el IMCO, han incorporado cientos de aviadores o empleados fantasma en el legislativo. Esto subraya la necesidad de un enfoque detallado, no de una solución genérica.
Riesgos de la homologación: Descapitalización y pérdida de calidad
Khemvirg Puente, académico de la UNAM con décadas de experiencia estudiando el legislativo, advierte que la reforma propuesta por Sheinbaum podría convertirse en una reforma judicial II. En lugar de reducir las contrataciones políticas, terminaría despidiendo al personal técnico que realiza el trabajo parlamentario esencial, transformando los congresos en meras oficialías de partes.
Puente explica: "Esto se reflejará en una disminución de la calidad en todo, desde las iniciativas hasta el debate, porque los argumentos de los diputados carecerán de base técnica. Con menos influencia de las áreas especializadas, se fortalecería el poder de los gobernadores y los partidos políticos."
Un camino alternativo: Diálogo y análisis profundo
Si la Presidenta desea abordar este tema correctamente y mejorar la calidad legislativa en las entidades, debería seguir un proceso más estructurado:
- Convocar a los gobernadores estatales para discutir las particularidades de cada Congreso.
- Involucrar a los senadores, quienes tienen experiencia en el ámbito federal.
- Abrir un debate con expertos en administración pública y parlamentarismo.
- Proponer medidas basadas en evidencia, o en su defecto, reconsiderar la iniciativa para evitar mayores conflictos.
Además, Sheinbaum debería preguntarse por qué el Congreso de la Ciudad de México, donde su partido ha sido hegemónico durante años, tiene un costo superior al de Jalisco. Los escándalos de nepotismo y amiguismo en la nómina legislativa capitalina, que datan desde la época perredista y continúan con los morenistas, merecen una revisión exhaustiva en otro momento.
En resumen, la falacia de abaratar los Congresos estatales mediante una homologación genérica no solo refleja improvisación, sino que amenaza con debilitar la función parlamentaria y centralizar el poder en manos de actores políticos, en lugar de fortalecer la representación popular.
