México ha dedicado dos décadas a formularse la pregunta equivocada: cuántos capos han caído, cuántas drogas se han incautado, cuántos operativos se han desplegado. La interrogante correcta, según el analista Abraham Hernández Arellano, es quién vende la protección que hace posible todo lo demás. La respuesta, incómoda, señala que la corrupción no es el contexto de la crisis ni una falla ocasional, sino su sistema operativo: un mercado de protección estatal con estructura, historia y capacidad de reproducción.
Datos que dibujan el fenómeno
Décadas de información respaldan esta tesis. Cuando la protección se vendía desde un solo mostrador, como en el pasado, el narcotráfico operó con violencia contenida: la tasa de homicidios era de 8.15 por cada 100 mil habitantes en 2007. Sin embargo, cuando la alternancia política fragmentó ese monopolio sin desmantelarlo, la protección salió a subasta, y la subasta se pagó con sangre: la tasa se disparó a 23.61 en 2011. La violencia en México ha seguido más de cerca la estabilidad del pacto de protección que el volumen del negocio ilícito.
En la actualidad, aunque la tasa de homicidios disminuye y se celebra, la extorsión ha alcanzado su máximo histórico: 10,508 carpetas de investigación en 2025, un incremento del 75% en comparación con una década atrás, y se denuncia solo una fracción mínima de los casos. Esta combinación sugiere más la madurez del control criminal que su retirada: los pactos se reestabilizan sobre un control territorial más profundo. No es paz, es paz tributada.
Pruebas judiciales y alcances del mercado
Las evidencias ya no son únicamente periodísticas, sino judiciales. Un exsecretario de Seguridad Pública fue sentenciado a 460 meses de prisión en Nueva York por proteger al cártel que decía combatir. El cofundador del Cártel de Sinaloa admitió bajo juramento que su organización pagó, desde sus inicios, sobornos a funcionarios y agentes del orden mexicanos “para poder operar libremente”. El techo del mercado quedó probado: llega hasta el gabinete.
Mientras tanto, el ciudadano paga en la otra ventanilla: el costo de la corrupción ante ministerios públicos y fiscalías se cuadruplicó en dos años. Además, el vecino del norte ya audita el sistema: el Tesoro estadounidense identificó a tres financieras mexicanas como entidades de preocupación principal por lavado de dinero ligado a opioides. La administración Trump decidió no renovar el T-MEC en su forma actual; sigue vigente, pero bajo revisión anual, con la seguridad amarrada al acceso comercial.
Auditoría externa y soberanía
La auditoría llegó hasta la pista de aterrizaje. Hace unos días, el gobierno de México exigió al FBI explicar su posible papel en el traslado de Ismael Zambada en 2024, luego de que una exhibición museográfica en Nuevo México atribuyera aquella operación a la agencia. Más allá de lo que responda Washington, la lección es brutal: cuando un Estado renta su protección por dentro, otros terminan ejerciendo su soberanía por fuera, y después hay que preguntarles qué hicieron en nuestro territorio.
Propuesta: desmantelar el mercado
La prescripción se deriva sola: dejar de perseguir síntomas y desmantelar el mercado. Golpear la extorsión territorial y el derecho de piso como prioridad nacional —la firma visible del pacto—, blindar la investigación de la captura al más alto nivel y seguir el dinero, no los cadáveres. En Guatemala, remover redes de protección coincidió con una caída sustancial de la violencia: no es prueba definitiva, pero es una señal difícil de ignorar, y no fue gratis.
El pecado original de nuestra inseguridad no está en los túneles ni en las fronteras. Está en cada escritorio donde la protección tiene precio. Un país que no desmantela ese mercado cede dos veces la soberanía: ante quien la compra adentro y ante quien la audita desde afuera. Nombrar el pecado es el primer acto para recuperarla. Pero no basta: hay que señalar al pecador, pero no con el dedo de la tribuna, sino con expedientes que terminen en sentencia. Hasta hoy, esa justicia se imparte en Nueva York. El día que se imparta en nuestro país, este pecado empezará a saldarse.
