El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) emitió una advertencia formal respecto a la propuesta de "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias", elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRTC). En un pronunciamiento fechado el 10 de agosto de 2026, el organismo señaló que esta normativa podría restringir significativamente la libertad de expresión y alterar el debate político necesario para el proceso electoral 2026-2027.
Riesgos de la nueva regulación
Bajo el título "Sin debate libre no hay elecciones libres", el CEPNA reconoció que la propuesta contiene elementos considerados necesarios en materia de accesibilidad y fortalecimiento de derechos de las audiencias. Sin embargo, la organización manifestó su profunda preocupación ante las facultades otorgadas al gobierno para determinar qué constituye información, opinión o tratamiento noticioso, así como para aplicar sanciones a los concesionarios de medios.
El observatorio sostuvo que estas atribuciones representan un riesgo particularmente relevante dado el sistema de acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión durante las precampañas y campañas electorales. Según indicó el CEPNA, estos medios favorecen el debate abierto, el contraste de ideas y la crítica informada, elementos esenciales para la democracia.
"Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos 'lineamientos' en el debate político diario y durante los procesos electorales", afirmó el comunicado oficial emitido por la organización.
Contexto institucional y jurisprudencial
Para fundamentar su postura, el CEPNA recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha caracterizado a la libertad de expresión como "piedra angular de toda sociedad democrática". Esta posición se basa en la premisa de que sin dicha libertad no puede existir una opinión pública informada ni una ciudadanía capaz de tomar decisiones autónomas. El organismo enfatizó que el voto libre requiere que la población pueda escuchar, contrastar, cuestionar, ejercer la crítica y discernir entre distintas opciones políticas.
"Ninguna elección puede considerarse auténtica si la conversación pública se desarrolla bajo la limitación del debate en los medios por la amenaza de una multa o por la autocensura preventiva", señaló el documento. Esta advertencia se enmarca en la reforma legislativa de 2024, mediante la cual se otorgaron al gobierno facultades para salvaguardar los derechos de las audiencias y se desapareció el organismo autónomo que anteriormente tenía esa responsabilidad.
A juicio del observatorio, este cambio constituyó un retroceso desde su implementación, ya que permite que el gobierno asuma funciones de censura sobre contenidos noticiosos y propicie una vigilancia del debate público orientada a proteger al propio ejecutivo y a su partido político.
Mecanismos de protección electoral
El pronunciamiento destaca el papel crucial de la radio y la televisión durante las campañas electorales. Debido a su relevancia en dichos procesos, la legislación vigente entrega al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración y vigilancia de estos medios durante el periodo electoral, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene a su cargo el control de constitucionalidad y legalidad.
Según el CEPNA, este diseño institucional busca impedir que el gobierno sea quien valore y juzgue el ejercicio de la libertad de expresión dentro del debate político-electoral. Por ello, advirtió que una nueva regulación formulada unilateralmente por una instancia gubernamental "limitará gravemente el ejercicio pleno de la libertad de expresión" y ejercerá presión sobre los medios para que recurran a la autocensura.
La organización también cuestionó la efectividad de los mecanismos actuales, señalando que será una presión gubernamental para la autocensura en la televisión y la radio, la cual pronto podría extenderse a la prensa impresa y digital. Ante esta situación, el CEPNA exigió que la consulta pública sobre los llamados "lineamientos" sea efectiva y que el gobierno considere las críticas y propuestas formuladas por periodistas, académicos, juristas, especialistas en la materia, así como por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Estos sectores han demandado preservar la libertad de expresión y el derecho a la información "en todo tiempo, en todos los espacios de comunicación y en particular en los procesos electorales que están por dar inicio". El documento concluye con la firma de Jorge Alcocer V., Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, José Ramón Cossío, Fernan González de Castilla, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadés y Alma Zamora, reiterando la postura de "No a la censura ni a la autocensura" mientras se define el marco regulatorio final.
